liliana.alcantara@eluniversal.com.mx

HERMOSILLO, Son.— El 5 de junio de 2009, a las 14:45 horas, un incendio que consumió parte de las instalaciones de la guardería ABC ocasionó la muerte a 49 niños y dejó a por lo menos 76 niños con lesiones de diversos grados. Hasta ahora, cuatro años después de esta tragedia, ninguno de los 28 servidores públicos acusados de homicidio y lesiones dolosas han sido consignados o sentenciados. Tampoco a los padres de familia afectados se les ha reparado el daño.

Las familias enlutadas viven a diario otras tragedias: la hermana mayor que se hace daño a sí misma para morir y así poder encontrarse en el cielo con su hermanito; la mamá que ha sido hospitalizada en tres ocasiones en siquiatría porque asegura ver a su hijo fallecido rondando por la casa; la hermana de 8 años que a partir de la muerte de su hermano se orina en la cama; la mamá que finge estar bien para no derrumbarse en la cama a llorar porque ahora sólo conserva a su bebé en fotos y videos.

Pero de entre estas historias desoladas también hay destellos de esperanza. Desde hace unos meses, en algunas de las familias que perdieron a sus hijos, han comenzado a nacer bebés y otros hijos que han crecido y que se mantienen ocupados como forma de terapia, han tenido logros en sus actividades.

“Esta lucha no acabará con sólo ver a los culpables en la cárcel. Seguiremos vigilando hasta lograr que ningún niño muera en una guardería… porque nuestros hijos no debieron morir”, dice Celia Lara, mamá de Juan, quien falleció tras el incendio de la guardería ABC a los 2 años de edad.

El 23 de octubre de 2011 entró en vigor la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, también llamada Ley 5 de Junio, pues fue promovida por padres de familia del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio de Hermosillo.

El pasado 30 de mayo, el director general del IMSS, José Antonio González Anaya, sostuvo una breve reunión con una veintena de padres de familia de la guardería ABC. Es la segundo encuentro que tiene con ellos.

Una hora y 15 minutos después de la hora pactada, el funcionario se reunió durante 20 minutos con los padres, a quienes les reiteró que el gobierno federal, a través del IMSS, está poniendo atención a este caso y está realizando las acciones necesarias para atender los reclamos de los afectados. Algunos integrantes del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio le expresaron su deseo de reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto.

Al término de esta reunión, EL UNIVERSAL entrevistó al director general del IMSS, quien se limitó a decir que el instituto está dando seguimiento a la implementación de la Ley 5 de junio e informó que el 16 de mayo se instaló el consejo nacional a fin de calendarizar y organizar las acciones de vigilancia en la operación y transparencia de las guarderías a su cargo. Aseguró que “los canales de comunicación se mantendrán abiertos” con los padres de familia para atender sus demandas.

El abogado Gabriel Alvarado, quien representa a las familias integrantes de la asociación Manos Unidas por Nuestros Niños, consideró que el gobierno del estado y el IMSS han evadido su responsabilidad al no reparar el daño a las familias, “porque hasta ahora nadie, de manera oficial, ha recibido una indemnización”. EL UNIVERSAL solicitó una entrevista con el gobernador Guillermo Padrés Elías, pero no hubo respuesta.

En cuanto a las denuncias indicó que está a punto de concluir el desahogo de pruebas en relación al expediente que se sigue en el juzgado primero de distrito de procesos penales federales en esta ciudad, por lo que “hay los elementos suficientes para fincar responsabilidad contra los 28 ex funcionarios implicados”, entre quienes se encuentran el ex gobernador Eduardo Bours; los ex directores del IMSS, Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, así como otros ex servidores públicos del instituto, del gobierno estatal y socios y fundadores de la guardería ABC como Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la ex primera dama Margarita Zavala.

Este diario buscó a los dueños y socios de la guardería, vía celular, pero no fue posible contactarlos.

El litigante señaló que el 22 de mayo, la Procuraduría General de la República abrió una nueva línea de investigación sobre las causas del incendio, pues padres de familia presentaron elementos que les permiten asegurar que el incendio originado en la bodega contigua que se propagó hacia la guardería fue provocado, toda vez que se pretendía quemar documentación que implicaba al ex mandatario estatal Eduardo Bours en un fraude cometido al erario. “El compromiso que expresó el presidente Enrique Peña Nieto de que tiene voluntad y disposición política para que esta tragedia no quede impune está a prueba… no se busca venganza sino justicia”, indicó el abogado Gabriel Alvarado.