Por unanimidad, el pleno del Senado aprobó cambios en la Ley General de Educación para no condicionar la prestación de los servicios educativos, a cargo del Estado, a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación.

Con un aval de 112 votos, el dictamen sostiene que es necesario reforzar el principio de gratuidad que el Estado está obligado a proporcionar a la ciudadanía, pues implica garantizar que no existan obstáculos económicos en el acceso y permanencia de las personas en los procesos educativos.

El documento aprobado por los senadores establece que las escuelas públicas, desde preescolar a bachillerato, en ningún caso condicionarán la prestación de servicios educativos, incluyendo la inscripción, la aplicación de exámenes, la permanencia y la entrega de documentos en las escuelas públicas a cambio de la entrega de aportaciones.

Estos cambios, que deben todavía ser avalados por la Cámara de Diputados, también tocan a las asociaciones de padres de familia para que puedan participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que, en su caso, hagan las propias asociaciones al establecimiento escolar, sin embarago, éstas serán de carácter voluntario y, en ningún caso, se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.

En este nuevo esquema de participación, la autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública opere un consejo escolar de participación social, integrado con padres de familia, maestros y representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, ex alumnos, así como con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela.

Este consejo escolar podrá conocer el destino y la aplicación de las cooperaciones, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios, y se hace de esta forma "con el propósito de erradicar las prácticas fraudulentas que han sido identificadas al interior de dichos entes".

En tribuna, el presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks (PAN), explicó que a partir de la reforma educativa, uno de los rumores infundados que empezó a correr es de que se iba a privatizar la educación; "ésta es la respuesta del Senado de la República con toda claridad para precisar que no se va a privatizar la educación".

"Las cuotas no serán obligatorias, serán voluntarias y no pueden condicionar a la prestación de un servicio educativo su entrega para el ingreso, la permanencia, los exámenes o la retención de documentos a cualquier persona", dijo el panista.

El senador del PRD, Mario Delgado, dijo que es una reforma muy relevante, porque en la letra la educación en México es gratuita, pero en la práctica enfrenta barreras económicas muy serias: desde el gasto que hacen las familias para llevar a los hijos a las escuela, hasta la cuotas que merman las finanzas y condicionan la permanencia de los alumnos.

El ex secretario de Educación en el gobierno del Distrito Federal dijo que existen las cuotas porque hay una omisión del Estado de mexicano para darle mantenimiento a las escuelas y en muchos casos la correlación de la infraestructura está ligada al desempeño y en aprendizaje del alumno.

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