El gobernador Ángel Aguirre Rivero y el líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, firmaron un acuerdo para iniciar el proceso de regulación y reconocimiento de los grupos ciudadanos de autodefensa, a través de un Sistema de Seguridad Comunitaria.

El titular del Ejecutivo local dijo que con este acuerdo se trabajará en buscar la identidad jurídica de los denominados grupos de autodefensa, y se acordará con los actores involucrados cuáles serán sus competencias, obligaciones y facultades en materia de seguridad pública en su zona de demarcación.

De entrada señaló que estará prohibido que los grupos de autodefensa se involucren en temas meramente políticos, y que sólo se dedicarán al resguardo de la seguridad pública de sus localidades en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Informó que se ha convenido con la UPOEG que los elementos del Sistema de Seguridad Pública Ciudadana reciban capacitación en materia de derechos humanos y en estrategias de protección y autocuidado, que serán impartidos por el Ejército Mexicano.

Aguirre Rivero ofreció el pago de un salario para aquellos elementos ciudadanos que coadyuven en la seguridad de las zonas indígenas, además de la realización de una serie de obras sociales y carreteras en las zonas marginadas, en aras de reconstruir el tejido social y mejorar las condiciones de vida de los guerrerenses.

Dijo que al reconocer estos grupos de autodefensa ciudadana, se envía el mensaje al país de que no se trata de ningún grupo que tenga vinculo con la delincuencia organizada, si no todo lo contrario, que trata de ciudadanos interesados en coadyuvar con la seguridad pública en algunas zonas del estado.

Por su parte, Bruno Placido Valerio aseguró que la etapa de autodefensa ya pasó, y que en este momento se encuentran en la fase de reconocimiento y legalidad como un Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria (SSJC).

Dijo que el consejo general del SSJC, en asamblea valorarán las propuesta del gobernador, incluida la oferta de un salario, pues consideró que aceptar un pago generaría una dependencia del gobierno del estado y en consecuencia dejarán de ser un órgano ciudadano.

Precisó que este convenio tiene la intención de dejar en claro a sus detractores, que este es un movimiento limpio y transparente, que su única intención es ofrecer seguridad y tranquilidad a sus poblaciones, y sobre todo acallar aquellos que aseguran que el narcotráfico o un poderoso político maneja y manipula su organización.

spb