En la víspera de que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa (ALDF) analice la eventual desaparición o establecimiento de candados para el arraigo en la capital, diputados locales arreciaron sus argumentos en pro y en contra de esa figura procesal.

La comisión sesionará este jueves, y de acuerdo al orden del día circulada esta noche se analizarán las iniciativas por la que se deroga el artículo 270 bis del Código de Procedimientos Penales para el DF y la que deroga el artículo 6 de la Ley contra la Delincuencia Organizada en el DF, ambas propuestas por el diputado Jorge Gaviño Ambriz, de Nueva Alianza (Panal).

De acuerdo a Gaviño el arraigo viola flagrantemente los derechos humanos, va contra los artículos 18, 19 y 20 constitucionales y "es contraria a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".

"El arraigo es como un bikini, nadie sabe como se sostiene, pero todos quieren que se caiga", señaló el diputado local en foro realizado esta tarde por la Comisión de derechos Humanos del DF.

De acuerdo al legislador hasta quienes impulsan su permanencia prefieren matizar esa figura, regularla o dejarla sólo para casos excepcionales, pues reconocen que se ha prestado a excesos.

De hecho, por la tarde, los diputados del PRD Daniel Ordóñez, Esthela Damián y Efraín Morales se pronunciaron por "una tercera vía" que no elimine ese recurso de la justicia, pero tampoco la deje como está, pues se ha usado con abuso.
Informaron que en encuentro sostenido con el titular de la Consejería Jurídica del DF, José Ramón Amieva, éste se pronunció también por encontrar una salida intermedia a la discusión, que no elimine el arraigo ni lo deje como está.
"Efectivamente hay voces que están convencidas de que no sirve, pero también quienes afirman que hay que mantenerlo porque si no se dejaría sin una herramienta importante a la Procuraduría" dijo Ordóñez.
Damián Peralta aclaró empero que esa posición no ha sido consensuada en la bancada del PRD, en la que existen diversas posiciones.
El PAN también se pronunció por ese "punto intermedio".

En todo caso "deberá ser acotado y regulado, pero no derogado" declaró la presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios, Olivia Garza, pues sería dar impunidad al crimen .
Debe ser usado en casos de delincuencia organizada como lo marca nuestra Constitución, pues en tres días, como marca un procedimiento normal "no se puede tener acreditado el cuerpo del delito o una presunta responsabilidad de un probable capo de un cartel, entonces tenemos que darnos la oportunidad de tener a esa persona detenida, para hacer una investigación clara".