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La acusación en contra del ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Tomás Ángeles Dauahare, se mantiene, y la Procuraduría General de la República (PGR) esperará a que el Poder Judicial de la Federación determine la situación legal del militar y de los elementos castrenses que son sus coacusados, y cualquiera que sea el fallo se respetará, indicaron autoridades de la dependencia.

El general, quien fue detenido y sometido al arraigo en mayo de 2012, fue acusado por la PGR de presuntos nexos con el cártel de Los Beltrán Leyva, junto con otros cinco mandos castrenses. Aunque la imputación sólo se basó en las declaraciones de los testigos protegidos Mateo y Jennifer, según reconoció la propia dependencia ante el juzgado en el que se procesa al inculpado.

En agosto pasado se inició el proceso formal en su contra ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Proceso Penales Federales, y apenas el 17 de enero pasado se ratificó el auto de formal prisión contra los militares implicados. Aunque esta semana el caso dio un nuevo giro.

De acuerdo con el oficio DGCPPAMDO/707/2013 que remitió la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), como parte de las diligencias de desahogo de pruebas en el juicio contra Ángeles Dauahare, el Ministerio Público de la Federación reconoció ante el Juzgado que sólo existen en contra el militar las declaraciones de los testigos colaboradores.

En el informe que solicitó como evidencia el abogado del general, Ricardo Sánchez Reyes Retana, como evidencia, la SEIDO indicó que las declaraciones de los testigos protegidos “no se encuentran corroboradas con medio convictivo alguno”, lo que implica que sólo se cuenta con sus dichos y no hay otras evidencias.

Las autoridades de la PGR consultadas explicaron que el documento es claro al señalar que se integraron al expediente los elementos que tenía el Ministerio Público, que son las declaraciones de los testigos protegidos, y es lo que tendrá que ser evaluado por el juez de la causa.

Indicaron que corresponderá al juzgador Raúl Valerio Ramírez analizar los elementos que obran en la causa penal 44/2012, que en su momento fueron suficientes para que se decretara el auto de formal prisión en contra de Dauahare y cinco militares coacusados, pero un proceso es precisamente para que tanto la defensa como la Fiscalía aporten los elementos que el impartidor de justicia sopesará al final para emitir su sentencia.

Señalaron que la PGR no ha interpuesto ningún recurso para desistirse de las acusaciones en contra de Ángeles Dauahare, así que el juicio que inició hace cinco meses se mantiene en curso.

Abogado, confiado

Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado defensor del general, en entrevista con EL UNIVERSAL indicó que la PGR reconoció que no existen más evidencias contra su cliente que declaraciones de testigos protegidos, pero eso no implica que se haya un desistimiento de la acción legal por parte de la dependencia, pero, a su juicio, sí beneficia al militar, por lo que pidió que concluya el juicio en su contra y el titular del juzgado emita una sentencia del caso.

Explicó que la defensa tampoco ha promovido un incidente de desvanecimiento de pruebas, a pesar de que desde el 30 de noviembre pasado se le devolvieron a Ángeles Dauahare y a su familia dos propiedades en Cuernavaca, Morelos, así como dos cuentas bancarias aseguradas, ya que se demostró que no tienen relación alguna con hechos delictivos ni recursos ilícitos.

A pesar de que cada vez se confirma que no existen evidencias en contra del general y sólo las declaraciones de Jennifer y Mateo, la defensa pidió que se culmine el juicio, que se valore cada evidencia, y al final se emita una sentencia, que al ser absolutoria dejaría limpio y sin lugar a sospecha el nombre del ex subsecretario.