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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia discutirá el próximo 23 de enero un nuevo proyecto en el caso de Florence Cassez, que propone amparar a la ciudadana francesa para que se le dicte una nueva sentencia, en la que podría ser liberada.

La ministra Olga Sánchez Cordero elaboró el proyecto que, de acuerdo con fuentes del Poder Judicial, plantea excluir toda la evidencia obtenida de manera ilícita en contra de Cassez, sentenciada a 60 años de prisión por secuestro, a diferencia del dictamen de marzo de 2012, que proponía su libertad inmediata.

Para ser aprobado, el dictamen requiere el voto de por lo menos tres de los cinco ministros de la sala y, en ese caso, se devolvería al tribunal unitario para que éste formule una nueva sentencia sin considerar la evidencia eliminada, con lo que Cassez podría obtener su libertad por insuficiencia de pruebas.

El proyecto discutido en marzo del año pasado, elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, sostenía que Cassez debía ser liberada porque las violaciones a sus derechos fundamentales de presunción de inocencia y debido proceso durante su detención, y en las horas posteriores, eran de tal magnitud que habían viciado todo el procedimiento.

Planteó que el videomontaje de la captura de Cassez por la Policía Federal (PF), la falta de asistencia consular oportuna y la demora en ponerla a disposición del Ministerio Público, la dejaron en estado de indefensión y corrompieron el proceso, en el que las pruebas carecían de fiabilidad y las declaraciones de víctimas y policías eran producto de una deformación de la realidad.

Cuatro de los cinco ministros de la sala reconocieron entonces la violación a los derechos de Cassez por parte de la PF, pero solo tres estuvieron de acuerdo en conceder el amparo y de ellos únicamente dos, Zaldívar y Sánchez Cordero, votaron por su liberación.

La ministra sostuvo entonces que la sola violación al derecho de Cassez a recibir asistencia consular tras su detención era suficiente para ordenar su libertad, sin entrar a examinar las violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia.

En esa sesión, el ministro José Ramón Cossío propuso amparar a la ciudadana francesa para anular la sentencia del tribunal colegiado, eliminar algunas de las pruebas en cuya obtención se violaron sus derechos, a fin de que el tribunal unitario dictara una nueva sentencia, garantizando la totalidad de los elementos del debido proceso.

Dijo que las pruebas a eliminar serían las ampliaciones de las declaraciones de Cristina Ríos y su hijo Christian Ramírez Ríos, dos de las víctimas de secuestro, que identificaron a Cassez tras la difusión de su imagen en noticieros y la declaración ministerial de la sentenciada, en la que careció de asistencia consular.

De acuerdo con las fuentes, al eliminarse la evidencia ilícita en contra de la sentenciada, quedaría firme una sola imputación en su contra y, al existir jurisprudencia en el sentido de que esto no es suficiente para sostener una sentencia condenatoria, la nueva resolución del tribunal podría ser la de liberar a Cassez.

Al desecharse el proyecto de Zaldívar, el asunto se turnó a Sánchez Cordero, quien debía elaborar un proyecto que retomara la postura de la mayoría y, aunque no se descartó la posibilidad de plantear la liberación de Cassez, el resultado ha sido un dictamen con la propuesta de un amparo de los llamados “para efectos”.

El escándalo generado por las irregularidades en la detención de la ciudadana francesa, supuestamente vinculada a la banda de secuestradores Los Zodíaco, escaló hasta convertirse en un conflicto diplomático que tensó las relaciones entre los gobiernos de Nicolás Sarkozy y Felipe Calderón, quien se negó a aplicar el Tratado de Estrasburgo que permitiría su repatriación, y presionó al Poder Judicial para evitar su liberación.