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Usarán para víctimas decomisos al crimen

Francisco Reséndiz y Alberto Morales| El Universal
04:00Jueves 10 de enero de 2013
Entre los invitados a la ceremonia de publicacin de la Ley General de Vctimas, encabezada por el P

PRESENCIA. Entre los invitados a la ceremonia de publicación de la Ley General de Víctimas, encabezada por el Presidente de la República, estuvo el activista Javier Sicilia. (Foto: ADRIÁN HERNÁNDEZ EL UNIVERSAL )

La Ley General de Víctimas será operada con una bolsa compuesta por recursos de fondos estatales, y de los bienes obtenidos o asegurados a los delincuentes o de quienes enfrenten procesos legales

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El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que “hay un México lastimado por la delincuencia” donde las víctimas del delito son quienes más han sufrido.

En el marco de la ceremonia con motivo de la publicación de la Ley General de Víctimas, que se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo aseguró que la dignidad de una nación se refleja en la forma en que se trata a las víctimas del delito y se persigue a quienes han infringido la ley. Peña Nieto afirmó que un Estado democrático no puede ignorar las voces de la sociedad.

Aseguró que con la publicación de la Ley General de Víctimas, aprobada por el Congreso —e impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa por considerarla ilegal e inviable— se cumple con uno de sus primeros compromisos de gobierno, “un compromiso ético” que asumió —aún como candidato— con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en los Diálogos por la Paz, realizados hace algunos meses en el Alcázar de Chapultepec.

Peña Nieto explicó que en la Secretaría de Gobernación (Segob) se instalarán mesas de diálogo permanente con la sociedad civil.

Anunció que, con base en la ley, se pondrá en marcha el Sistema Nacional de Víctimas, una Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas —como órgano vigilante y de control de la ley—, un órgano de asesoría jurídica federal de atención a víctimas y un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Historias de dolor

En su intervención, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo que las víctimas de los delitos no son cifras sino que son historias de dolor, familias agraviadas, vidas rotas por la violencia y el crimen. Dijo que ayer se cumplió la palabra empeñada. Asentó que la ley es perfectible; “es necesario revisarla para hacerla viable, operativa y, sobre todo, para cumplirle a las víctimas”, por lo que es necesario revisarla.

El activista Javier Sicilia expresó que la Ley General de Víctimas no debió existir, pues es la consecuencia de la no aplicación de las leyes que están hechas para la protección y la justicia de los ciudadanos: “Es la consecuencia de la impunidad, de la corrupción, del desprecio, de la erosión del esqueleto moral y político del Estado mexicano y de una guerra que nunca debió suceder”.

Indicó que adicionalmente a la publicación de la Ley General de Víctimas, es necesario dotar al Sistema Nacional de Atención a Víctimas con suficientes recursos.

Pidió crear protocolos para que la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas tenga peso y realidad, y no reformar el artículo primero constitucional. También solicitó hacer del monumento la Estela de Luz el memorial para las víctimas de la violencia.

Datos de la ley

La nueva Ley de Protección a Víctimas tiene como objetivo el de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de delito y de violaciones a los derechos humanos, en especial a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación, entre otras garantías constitucionales.

La ley prevé las acciones para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como establecer los mecanismos para que todas las autoridades cumplan con su obligación.

Este sistema deberá entrar en operación durante los primeros 90 días de haber entrado en vigor la presente ley —dentro de 30 de días será cuando entre en vigor— y estará constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, locales y municipales; así como organismos autónomos y demás organizaciones encargadas de la protección, ayuda, atención y defensa de los derechos de las víctimas.

Para garantizar que se encuentren representados los grupos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a éstas, la Comisión Ejecutiva contará con cinco comisionados especialistas en derecho, psicología, derechos humanos, sociología o especialidades equivalentes, propuestos por universidades públicas.

La Comisión Ejecutiva se instalará por primera vez con la designación de los nueve consejeros que la integrarán. La primera terna durará en su encargo un año; la segunda terna, tres años, y la tercera terna, cinco años.



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