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El asesinato de Crisóforo Maldonado Jiménez, presunto líder de la organización criminal Los Rojos, en el hospital Médica Sur de la ciudad de México, profundizó la confrontación entre el gobernador de Morelos, Graco Ramírez y el Consejo de la Judicatura Federal.

El gobernador morelense insistió en conferencia de prensa en acusar que si el juez segundo de distrito en Cuernavaca, José Leovigildo Martínez Hidalgo, no hubiera otorgado la protección de la justicia federal a Maldonado Jiménez, éste seguiría con vida y procesado en Morelos.

El mandatario hizo público el documento “suspensión de plano” que los jueces emiten en automático al tramitarse un amparo y reiteró que presentará una queja. “Solicitaré al Consejo de la Judicatura que abra investigación al juez segundo de distrito en Morelos”, anticipó en Twitter.

El miércoles, el Consejo de la Judicatura Federal en un comunicado de prensa desmintió que el juez en cuestión hubiera otorgado un amparo.

El órgano judicial afirmó que el hecho de haber aceptado la petición no significó que fuera aceptado, pero ayer el gobernador reiteró que con ese documento la familia de Crisóforo lo trasladadó en ambulancia a la ciudad de México.

Comentó que los presuntos líderes del cártel de Los Rojos lograron fugarse “con apoyo de policías municipales, ministeriales, autoridades médicas y el juez federal”, el 10 y 11 de diciembre pasado.

En el mismo documento, el CJF afirmó que el procurador de Morelos, Mario Vázquez dijo “de manera categórica” que Maldonado tenía la calidad de “ofendido” del delito de tentativa de homicidio y que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal lo mantendrían vigilado.

Los penalistas José Luis Nassar Daw, Alberto Woolrich y Xavier Olea Peláez, explicaron que ningún juez federal incurre en anomalías si concede de inmediato una suspensión provisional cuando un quejoso solicita el recurso contra incomunicación y tortura, además de que estos mandatos judiciales son claros en sus alcances: que la persona que requiere el amparo tenga acceso a sus familiares y abogados, y cese el acto de tortura, no implican otras acciones.

Mencionaron que además el juez fija un plazo 24 horas para que la autoridad rinda informes sobre la situación del quejoso.

Los abogados coincidieron en que el gobernador está equivocado al considerar irregular la actuación de José Leovigildo Martínez Hidalgo.

El 10 de diciembre, Crisóforo Maldonado fue atacado en Morelos y recibió tres disparos que lo dejaron grave, por lo que fue trasladado a una clínica del IMSS en Cuernavaca.

Un día después y luego de obtener la “suspensión de plano”, fue trasladado al hospital Médica Sur en el Distrito Federal, donde permaneció en el área de terapia intensiva hasta que fue asesinado por dos hombres que ingresaron a ese lugar vestidos como médico, el pasado 16 de diciembre.