La LXV legislatura local turnó a comisiones una iniciativa ciudadana, denominada ley para la creación de una agenda digital de Chiapas, que propone al Estado como órgano rector y regulador de las conductas de los internautas, que podrán imponerse mediante sanciones o el uso de la fuerza institucional.

La propuesta de ley enviada por "El Movimiento Nacional de Cibernautas" en Chiapas, y presentada por el presidente del Congreso local, Noé Castañón Ramírez , establece de 5 a 8 años de prisión contra quien "estando autorizado para acceder a equipos de información modifique destruya o provoque perdida".

La sanción se extiende de 4 años de cárcel o "de 100 a 300 días de multa", a quien sin autorización conozca, copie información o la utilice, además de seis meses a 2 años de prisión a la persona que, sin tener autorización, modifique, destruya u ocasione pérdida de información en equipos de información.

El artículo 19 del proyecto de ley propone también "una pena" de 2 años y 150 días de multa contra quien "suplante identidad "y cause perjuicio alguno.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) a través de la diputada Alejandra Soriano, rechazó la iniciativa, suscrita entre otros por la delegada nacional del "Movimiento de Cibernautas", Marisela Aguilar Gerardo, por considerar riesgos que atentarían contra el orden Constitucional y las convenciones internacionales en materia de libertad de pensamiento y expresión.

Al destacar que el artículo 13 de la propuesta de ley, faculta al "Estado" como el órgano rector y regulador de las conductas de los cibernautas, la legisladora alertó que se pretendería imitar la conducta legal del gobierno de Veracruz, que "encarceló a 2 tuiteros".

Soriano exigió que la nueva iniciativa legal, presentada durante la sesión ordinaria de este martes, sea sujeta a un estudio riguroso y detallado.

En el capítulo de gobierno digital y electrónico, el proyecto legal señala que el gobierno debe garantizar la integración a la era digital para facilitar los diversos trámites ciudadanos en materia de servicios electrónicos.

Y el derecho de internet gratuito en lugares públicos, que se vele por la garantía jurídica de ese derecho para que el ciudadano no sea víctima de delitos informáticos.

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