estados@eluniversal.com.mx

Aunque a partir del próximo 21 de agosto el aparato de justicia estatal del país comenzará a investigar y sancionar el narcomenudeo, para acatar las reformas legales publicadas hace tres años, al menos ocho entidades no efectuaron cambios en legislaciones locales y en algunos casos a pesar de contar con las modificaciones a la normatividad, carecen de infraestructura para cumplir con el combate a este flagelo.

Guerrero, Aguascalientes, Sonora, Baja California Sur, Oaxaca, Tlaxcala, Nuevo León y Morelos son algunas de las entidades que no modificaron sus legislaciones para la Ley para el Combate al Narcomenudeo aprobada en abril de 2009 y que se publicó el 21 de agosto en el Diario Oficial de la Federación.

Las reformas establecen las obligaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal en la prevención de la posesión, comercio y suministro de narcóticos, así como las dosis máximas de consumo de estupefacientes permitidas.

En el artículo 474 se estableció que las autoridades de seguridad pública, procuración de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades, conocerán y resolverán de delitos o ejecutarán sanciones cuando la cantidad de que se trate sea inferior a los montos previstos en una tabla de dosis y no haya elementos para presumir delincuencia organizada.

Después de su publicación, los estados y el Distrito Federal tuvieron un año para ajustar sus leyes penales y procesales a estas reformas y tres años para complementar los cambios operacionales y estructurales necesarios para aplicarlas.

Las modificaciones despenalizan la posesión de drogas en los farmacodependientes y da prioridad al tratamiento de las adicciones mediante el establecimiento de un programa nacional para combatirlas. Sin embargo, no todas las entidades cumplieron las disposiciones.

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre, admitió que el estado todavía no cuenta con una ley que a nivel local se especifique en el tema, pero dijo que se han hecho modificaciones al código penal local que aborda con endurecer las penas en contra del narcotraficante de manera particular.

“Hay adecuaciones al código penal y entre ellos hay cambios y reformas que está pidiendo la reforma constitucional y que no podemos ser omisos en el tratamiento de lo que es la delincuencia organizada, que sería un delito federal pero también se tipifica en el código penal local… existe un marco jurídico adecuado a la reforma constitucional del 18 constitucional y va envuelto en una serie de reformas entre las que están endurecer las penas en contra del narcotraficante de manera particular”.

Pero el presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero A.C, Victoriano Sánchez Carbajal, señaló que al no estar la entidad preparada con leyes adecuadas en este marco jurídico se han presentado conflictos de competencia.

Refirió que el año pasado se remitieron ante jueces de distrito siete asuntos de narcomenudeo a primera instancia del ramo penal del distrito judicial de Tabares, con sede en Acapulco, pero debido a que no hay una adecuación de la ley para abatir este delito, fue ahí donde se desató un conflicto de competencia.

Otro ejemplo es Oaxaca, que aún no ha definido su estrategia para hacer valer las reformas propuestas hace tres años. Poco o nada se ha hecho para adecuar las leyes locales, no sólo para abatir los efectos del crimen organizado sino sus consecuencias, reconocieron diputados de diversas fracciones parlamentarias.

Con un presupuesto de poco más de mil 219 millones de pesos, de los cales las propias autoridades desconocen qué porcentaje se destina para abatir el narcomenudeo, en Oaxaca no hay infraestructura para hacer frente y combatir a las bandas criminales que han iniciado sus operaciones en las regiones de Valles Centrales, La Cuenca del Papaloapam, la Costa y el Istmo de Tehuantepec.

“No tenemos idea de lo que pase, no hay Leyes o iniciativas que puedan apoyar a este tipo de reformas que se realizaron hace tres años”, reconoció el diputado del Partido del Trabajo (PT), Flavio Sosa Villavicencio.

Cumplen con la norma

En contraste, las autoridades de Quintana Roo afirman estar preparadas para a atender asuntos relacionados con el narcomenudeo a partir del 21 de agosto, como parte de la reforma de los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales y la Ley General de Salud que transfirió en 2009 esta responsabilidad al fuero común.

Pero también están conscientes de que será “un gran reto”, sobre todo porque este delito es recurrente, en especial, en los destinos turísticos del norte del estado.

Quintana Roo se negó a atender inmediatamente el tema del narcomenudeo y provocó que la PGR promoviera ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad 21/2010, en contra de los tres poderes del Estado, pero la Corte le dio la razón a la entidad y determinó que fuera a partir del 21 de agosto de 2012 cuando empezará a conocer de estos asuntos.

Armando García Torres, procurador general de Justicia en el estado, dijo que empezarán atender el narcomenudeo con dos fiscalías, una en Chetumal y otra en Cancún, las cuales estarán ubicadas fuera de las oficinas centrales de la procuraduría para evitar posibles “filtraciones” de otras áreas y para garantizar una mayor seguridad a los detenidos.

Cada fiscalía contará con un promedio de 18 personas laborando, entre ellos, 10 elementos de la comandancia de policía judicial, tres Ministerios Públicos, 3 oficiales secretarios y 2 peritos en química y criminalística, explicó.

En global, la Procuraduría de Justicia ha invertido unos 3.5 millones de pesos en la contratación de personal, infraestructura y capacitación y están en vías de acceder a recursos para equipamiento.

En Yucatán se han realizado reformas al código penal para darle mayores atribuciones a la Fiscalía General del estado en el combate al narcomenudeo, además de que el Congreso local aprobó leyes que protegen a los ciudadanos al momento de dar testimonios que permitan la detención de delincuentes que se dediquen a la venta de estupefacientes.

Una de las acciones a destacar, fue la transformación de la Procuraduría estatal a la Fiscalía General, el cual concede mayores atribuciones a este instituto para iniciar investigación de delitos que pertenecen al orden federal, como es el caso del narcomenudeo.

Aguascalientes ya cumplió con la adecuación del Código Penal y de la Ley Estatal de Salud, para que el estado se haga cargo del combate al narcomenudeo. Desde noviembre de 2011, el Poder Ejecutivo envió las iniciativas de reforma, las cuales fueron prácticamente aprobadas sin cambios por el Congreso local.

En tales reformas, se adecuaron tipos penales, se dio facultad a las policías, a los ministerios públicos y a los jueces, para tratar el asunto.

Pese a que se ha cumplido con lo establecido por la Federación, hay reticencia para hacer frente al narcomenudeo, no sólo por la falta de recursos, sino también porque, aseguran las autoridades, se contaminará todo el sistema.

El gobernador Carlos Lozano de la Torre recriminó que ante la falta de capacidad del gobierno federal para hacer frente al tema, se quiera involucrar a los estados, siendo el principal inconveniente, el hecho de que sólo se les deja el problema, pero no se le envían los recursos.

El diputado secretario de la Comisión de Justicia, Gregorio Zamarripa Delgado, fue más allá, al señalar que no sólo se trata de dinero, sino de problemas sociales y la contaminación que va a generar.

“Es una problemática que va mas allá de los recursos, es una problemática social, se van a generar minicárteles, se va a contaminar a las policías, a los ministerios públicos y hasta los jueces, eso es lo que hace el narco, contamina todo. Les das facultades a las policías de investigar, de catear, de arrestar y esto va a ser un verdadero problema”.

En Hidalgo, durante la legislatura pasada, fueron modificados el Código de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica para establecer la competencia de los estados, en el delito de narcomenudeo, por medio de los Ministerios Públicos locales, del Tribunal Superior de Justicia.

El presidente de la Comisión de Justicia, Juan Manuel Camacho Bertran, afirmó que el estado cuenta con profesionistas adecuados para conocer de este delito. Sin embargo, la perredista Hemeregilda Estrada Díaz, secretaria de la misma comisión, consideró que los estados no están preparados para atender el tema. “El narcomenudeo debería seguir siendo facultad de la federación”, aseveró.

Las autoridades de Tabasco afirman estar preparadas para trabajar en el combate al narcomenudeo, aunque con la misma infraestructura y personal. Incluso la Procuraduría General de Justicia aún se encuentra sin definir el espacio físico donde estará la Unidad de atención de ese delito contra la salud.

El procurador General de Justicia de Tabasco, Gregorio Romero Tequextle admitió que “estamos trabajando, todavía, en una semana más estaremos organizados” para esa nueva tarea.