México firmó el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA) con la finalidad y compromiso de combatir de manera más eficiente la falsificación y piratería de marcas, invenciones, obras intelectuales y artísticas.

Claude Heller, Embajador de México en Japón, imprimió la rúbrica ante el gobierno del país nipón, depositario del Acuerdo que establece un marco general internacional con el fin de detener el comercio ilegal de productos piratas y/o falsificados, incluyendo su distribución masiva por medios digitales.

En un comunicado emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), nuestro país se comprometió a fortalecer su Estado de Derecho y promover su crecimiento económico.

Con la firma de este instrumento multilateral, se une a Australia, Canadá, Corea, Estados Unidos, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y la Unión Europea.

El instituto precisó que el ACTA tiene como objetivo una mejor protección internacional de los derechos de propiedad intelectual de los mexicanos, atraer nuevas inversiones, asegurar las fuentes de trabajo ya existentes e incrementar la creación de empleos formales, así como fomentar la creatividad, la innovación y la competitividad de nuestras empresas.

"Provee un marco general de buenas prácticas de observancia y cooperación internacional que protege los trabajos, la creatividad, las exportaciones y el bienestar de los mexicanos, y se constituye en un instrumento equitativo y razonable frente a otros derechos".

El IMPI destacó que el ACTA surge en momentos en que México enfrenta un grave problema de falsificación de marcas y de piratería en distintas ramas industriales, que involucra desde prendas de vestir, calzado deportivo, música y cinematografía hasta productos que atentan contra la salud y seguridad de los consumidores, tales como medicamentos, bebidas alcohólicas, tabaco y auto partes.

En 2011 el Foro Económico Mundial señaló que el valor del comercio ilegal asciende a 1.3 billones de dólares y, de este universo, los rubros relacionados directamente con la propiedad intelectual se ubican en el orden de 360 mil millones de dólares, siendo la falsificación de medicamentos la más elevada con 200 mil millones de dólares.

Cabe destacar que el ACTA no violenta los derechos humanos reconocidos por la Constitución mexicana y por los Tratados Internacionales de los que México es parte.

Además, el Estado deberá ceñirse a la legislación secundaria que el Congreso de la Unión emita en la materia, donde se reforzará la observancia y respeto irrestricto a dichos derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, el derecho a la legalidad, la privacidad de datos, el debido proceso y el acceso a la información y a la cultura.

Por último, aseguró que la aplicación del ACTA no generará un ambiente de vigilancia o monitoreo a las actividades que se realizan cotidianamente en plataformas como Internet, ni para revisar o incautar equipos de cómputo ni reproductores personales de audio o video.

ml