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El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, aceptó millones de dólares en sobornos de los cárteles del narcotráfico e invirtió el dinero en bienes raíces en Texas, aseguran fiscales federales de Estados Unidos en dos solicitudes de confiscación de propiedades que fueron presentadas el martes.

No se ha iniciado todavía ningún cargo penal a Yarrington, un político de extracción priísta que gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2004, pero las medidas presentadas ante el fuero civil afirman que cuando fue funcionario público recibió “millones de dólares en pagos” de los cárteles de la droga “de varios esquemas de extorsión o soborno”.

En ese entonces, Yarrington utilizó a varios testaferros y negocios para “convertirse en un gran inversionista en bienes raíces mediante varios mecanismos de lavado de dinero”, según los documentos interpuestos en Corpus Christi, Texas. El otro caso de confiscación fue presentado en la ciudad de San Antonio.

Las autoridades de EU intentan decomisar un condominio en la isla South Padre y una propiedad de 18.6 hectáreas en San Antonio.

Un abogado de Yarrington en Houston dijo que estaba revisando los documentos y declinó pronunciarse de inmediato sobre el caso.

El gobierno estadounidense investiga formalmente a Yarrington por sus presuntos nexos con el narcotráfico y por lavado de dinero y, según fuentes judiciales estadounidenses, en breve se podría emitir una orden de arresto en su contra.

Socio de Osiel Cárdenas

Los departamentos de Justicia y del Tesoro entregaron a dos fiscales federales evidencia suficiente para acusar a Yarrington de ser socio del ex líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, extraditado por México a Estados Unidos el 19 de enero de 2007.

En 2010 Cárdenas fue condenado a 25 años de prisión y una multa de 50 millones de dólares luego de que se declaró culpable de cinco delitos.

La investigación contra Yarrington se está nutriendo con los testimonios de Antonio Peña Argüelles, acusado por la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) por lavado de dinero y a quien ha señalado como el enlace entre los líderes de los cárteles del Golfo y de Los Zetas con políticos de Tamaulipas, entre ellos el ex gobernador Tomás Yarrington.

Peña Argüelles, quien fue acusado formalmente por un gran jurado de lavado de dinero, se encuentra recluido en una cárcel de Texas, donde ha sido interrogado por el Departamento de Justicia en torno a la investigación contra Yarrington.

Un testigo protegido con la clave CS-1 (confidential source 1, fuente confidencial 1), presentado por la DEA, señaló a Peña Argüelles como el conducto entre políticos mexicanos, en particular Tomás Yarrington, y Miguel Treviño Morales y Heriberto Lazcano, jefes de Los Zetas.

En México, la investigación que realiza la PGR en contra de Yarrington está sustentada en declaraciones de dos testigos protegidos que han dado información sobre los vínculos del priísta con las organizaciones criminales del cártel del Golfo y Los Zetas.

En las pesquisas han resultado clave los testimonios de Miguel Soto Parra, ex líder de Los Zetas, capturado en 2009, así como del propio Antonio Peña Argüelles, quien fuera detenido por primera vez por la dependencia federal en 2008. Ambos son testigos colaboradores de la PGR.

Las declaraciones de Soto Parra dieron origen a la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, en la que se investiga por delitos contra la salud, enriquecimiento ilícito y por operaciones con recursos de procedencia ilícita a los ex gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.

El Partido Revolucionario Institucional ha señalado que cada quien tendrá que afrontar su responsabilidad ante la justicia en caso de que sea acusado.

“Donde se considere que ha habido faltas a la ley, debe de aplicarse la ley sin ningún sesgo faccioso. El PRI no va, bajo ningún concepto, a solapar impunidades. Si se prueba fehacientemente que algún militante de nuestro partido tiene vínculos con la delincuencia organizada nos deslindaríamos inmediatamente de él”, dijo el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, cuando se le preguntó durante una entrevista con EL UNIVERSAL el mes de marzo pasado, su opinión sobre el caso de los ex gobernadores de su partido que podrían ser investigados.

“Nosotros nos deslindamos de nuestros militantes que pudieran estar en un caso así. No acompañamos a nadie que haya cometido un ilícito, ni tampoco prejuzgamos hasta que las autoridades encargadas del proceso deslinden responsabilidades y emitan un fallo definitivo desde el punto de vista judicial”, dijo ayer por la noche el vocero del CEN del PRI, Eduardo Sánchez.

El Departamento de Justicia presentó la solicitud de confiscación de los bienes de Yarrington, luego de que acusó al empresario mexicano Fernando Alejandro Cano Martínez, de 55 años, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, de conspirar para lavar dinero desde enero de 1998. La acusación sostiene que Cano y otros conspiraron para establecer empresas en Texas que eran utilizadas para lavar el producto de sobornos pagados por el cártel del Golfo a “altos funcionarios y candidatos” en Tamaulipas. “Millones de dólares en activos, mayormente inmuebles en Texas, fueron adquiridos con ese esquema”, sostiene el Departamento de Justicia. (Con información de AP)