SAN JOSÉ.— Convencido de que la sustancia grasosa y rojiza untada a 21 paquetes de cocaína confundiría el olfato de los perros en un retén policial del sur de Costa Rica, un joven de 23 años emprendió en solitario el viaje de la frontera con Panamá al área central de territorio costarricense, al mando de un vehículo con la ilegal mercancía oculta en los asientos traseros.

Pero la artimaña fracasó y el joven, costarricense y de apellidos Soto Montero, cayó preso en el retén al anochecer del pasado 2 de mayo y quedó expuesto a una condena de más de 20 años de cárcel.

Su caso se suma así a los de miles de jóvenes que, sin empleo, son reclutados por bandas del narcotráfico internacional y de otras mafias del crimen organizado en Centroamérica.

“La crisis del empleo juvenil amenaza la cohesión social”, dijo el costarricense José Salazar, director ejecutivo del Sector de Empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en una entrevista con EL UNIVERSAL.

“La violencia juvenil y el crimen están fuertemente asociados a la falta de empleo y la deserción escolar. Casi 80% de los crímenes en las calles en América Latina son cometidos por individuos de 12 a 25 años. La gente joven también es víctima de violencia”, explicó.

“Ambientes violentos estrechamente asociados al tráfico y uso de drogas dejan en riesgo no sólo a los mismos jóvenes, sino a una cohesión social más amplia. Gente joven atrapada en redes de violencia y drogas tiene menos oportunidad de encontrar buenos trabajos, a no ser que las políticas sociales intervengan para rescatarlos de las redes y los motiven con alternativas claras”, añadió.

Al precisar que hay más de ocho millones de jóvenes sin trabajo en América Latina y el Caribe, con una tasa de desempleo juvenil del 16%, Salazar insistió en que es “una generación que tiene un poderoso impacto en el resto de la sociedad. Desempleo, marginación social y falta de involucramiento en la comunidad frecuentemente conllevan a la exclusión social de los jóvenes y a encadenarlos en la violencia criminal, lo que pone en juego la cohesión social”.

Combinación de piezas

Con más de la mitad de sus 40 millones de habitantes en variados rangos de miseria, Centroamérica registra a diario casos similares al de Soto Montero.

Datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mostraron que, hasta 2010, el 35% de la población de las seis naciones centroamericanas (Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica) tenía una edad de 15 a 34 años. El grupo de 15 a 24 años es la quinta parte de la población total del istmo.

El Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas de Prevención del Delito (Ilanud) mencionó en un estudio algunos generadores del delito juvenil en Centroamérica: urbanización desordenada, crecimiento de la población juvenil, jóvenes fuera del sistema educativo, incapacidad política y económica de generar más empleo para la juventud, mayor inequidad y menor capacidad de consumo en masivos sectores juveniles, más consumo de alcohol y otras drogas y más armas de fuego en poder de la sociedad civil.

“Los países centroamericanos tienen prácticamente todas esas correlaciones”, aseguró la guatemalteca Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Estudios para el Desarrollo Sostenible de Guatemala, consultada por este diario.

De León abundó: “Hay urbanismo sin control y jóvenes de áreas marginales carecen de acceso a servicios (básicos). Con más población joven, con más jóvenes fuera del sistema escolar y con poca capacidad del sistema para generarles empleo, hay más posibilidad de aumento del delito. A más inequidad social y menor capacidad de consumo juvenil, más posibilidad de delito”.

“Si un joven no tiene el pantalón de marca y no tiene cómo comprarlo, lo va a ir a robar o a quitar a alguien”, recalcó. Guatemala, añadió, es un reflejo de la situación. De los 13.5 millones de habitantes, relató, poco más de 1.2 millones tenía acceso en 2010 a la educación media, compuesta por seis años de primaria y tres más de secundaria. “Allí está el primer problema: son jóvenes que no tienen dónde estudiar, ni cómo. Con sexto de primaria o tercero básico, ¿qué empleo pueden conseguir? Sin capacidad ni educación para un empleo, sólo podrán entrar a una maquila o a un empleo poco calificado”, afirmó.

El resultado de todo esto, alertó, es “un gran universo de jóvenes, no capacitado para un buen empleo ni opción de educarse y disponible para una actividad muy lucrativa en las redes de crimen organizado. Saben que tienen mucho riesgo, pero van a tener bastantes recursos para un nivel de vida con lujos, lo que no les dará el empleo que obtengan con su poca educación: es un fenómeno generalizado en Centroamérica”.

Desesperanza y vacíos

Aunque tiene menores índices de violencia que sus vecinos, Costa Rica registró un incremento del 300% de la población encarcelada en edad juvenil —menor de 25 años— en los últimos dos años, aunque el porcentaje de presos en edad adulta creció 30% en ese periodo, reveló la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, en un recuento de seguridad interna. “Conocemos el perfil de los presos jóvenes: fracaso escolar y laboral, historial de consumo de drogas y hogares disfuncionales”, advirtió.

En una homilía reciente, el arzobispo de San José, monseñor Hugo Barrantes, relató que miles de “muchachos costarricenses” enfrentan escenarios de miseria que son “caldo de cultivo para que, muchos de ellos, presas de la desesperanza y del vacío existencial, asuman comportamientos peligrosos, incursionen en crímenes o actos de violencia, o sean víctimas fáciles del narco-negocio”.

Con estadísticas oficiales, Barrantes alertó: “Contemplamos con pesar cómo alrededor de 46 mil 667 muchachos de entre 15 y 24 años no asisten a ningún tipo de formación académica en el país, y casi 70 mil en el mismo rango de edad buscan empleo y no lo consiguen”. “El factor pobreza-falta de oportunidad genera estabilidad y ansiedad en la población juvenil que busca trabajar, porque la situación económica de su familia es complicada”, relató, por su parte, Denise Brunet, directora de Equipo Maíz, organización no gubernamental de San Salvador.

A diferencia de Costa Rica, Panamá y Nicaragua, la violencia juvenil en Honduras, El Salvador y Guatemala está marcada por las pandillas y maras. “Dependiendo del lugar donde se viva y de los contactos que se tienen a la mano, el joven sin oportunidades podría caer en una espiral de contactos con pandillas”, declaró Brunet a este periódico.

Pero, de inmediato, aclaró que el nexo pobreza-pandillas o desempleo-pandillas “tampoco es automático”.

La inseguridad regional —con 35.4 homicidios cometidos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con datos del Banco Mundial —sigue atrapando a los jóvenes.

Así, mientras el costarricense Soto Montero empezaba a descontar tres meses de prisión preventiva por transporte de drogas, a la espera del juicio, un hondureño de apellido Martínez, de 28 años y miembro de una pandilla dedicada a asaltos y extorsiones, perecía el pasado 9 de mayo en un choque a balazos con policías en Tegucigalpa.