En las próximas semanas, un ministro deberá redactar un nuevo proyecto en el sentido de concederle un amparo para efectos, que incluya los argumentos expuestos en la sesión de este miércoles

El caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada en México a 60 años por secuestro, aún está lejos de concluir: un ministro de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá redactar en las próximas semanas un nuevo proyecto en el sentido de concederle un amparo para efectos, no para que sea liberada.

Tras desecharse el proyecto del ministro Zaldívar, quien proponía la libertad absoluta e inmediata de la ciudadana francesa, la nueva propuesta deberá incluir los argumentos expuestos por la mayoría en la sesión de este miércoles.

Pero el alcance y efectos que tendría aún se desconocen.

Esto significa que el proyecto reconocería la existencia de graves violaciones a los derechos fundamentales de Cassez y muy probablemente la exclusión de la evidencia derivada de esas violaciones, como propuso el ministro José Ramón Cossío.

Los efectos del amparo pueden ser incluso para que se revoque la sentencia de 60 años de prisión que se le impuso a Cassez por secuestro y se dicte una nueva, que podría ser menor o incluso, ordenar su liberación.

No existe un plazo preciso para la presentación de este nuevo proyecto, que puede ser de una semana a un par de meses, que tocará elaborar a la ministra Olga Sánchez Cordero o al ministro José Ramón Cossío.

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El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y dos de sus colegas de la Primera Sala se han pronunciado en contra de la propuesta de liberar a Florence Cassez, aunque reconoció que en el proceso de la ciudadana francesa se violaron sus derechos fundamentales.

Pardo cuestionó particularmente el montaje televisivo, al calificarlo de "acto reprobable, que debe ser castigado".

Destacó que esa actuación de la Agencia Federal de Investigación, dirigida entonces por el actual secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, "deja mal parado el principio de buene fe ministerial".

Consideró que las violaciones a los derechos de Cassez a ser puesta a disposición inmediata del Ministerio Público y la de recibir asistencia consular deben ser sancionadas. "Estas violaciones, sumadas al indebido montaje televisivo generan una violación al principio de presunción de inocencia", dijo.

Por las posturas planteadas hasta ahora, se perfila que la Sala aprobará la propuesta del ministro José Ramón Cossío, quien planteó que se devuelva el expediente al Séptimo Tribunal Colegiado para que se deje sin efectos la sentencia de 60 años de prisión dictada por un tribunal unitario y se dicte una nueva.

Tanto Pardo como Cossío y Guillermo Ortiz Mayagoitia, quienes se oponen a la liberación de Cassez, reconocieron que hubo violaciones a sus derechos, pero no coincideron en que estas irregularidades tengan un efecto corruptor que invalide todo el proceso y la evidencia en contra de la demandante, como planteó el ministro instructor, Arturo Zaldívar.

"Yo creo que en este caso como en muchos otros, encontramos un enfrentamiento entre valores que debemos tomar muy en consideración. en este caso está el derecho al debido proceso por parte de la quejosa, frente al derecho de las víctimas a que los hechos sean juzgados... ambos valores son igualmente importante y valiosos".

También recordó que la propia Corte ha establecido el criterio de que no existen derechos absolutos, y propuso no tomar en cuenta las pruebas derivadas de las violaciones a los derechos de Cassez.

 

 

 

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