Antonio Alcántar López, ex director de Comunicación Social del gobierno estatal en el periodo de Narciso Agúndez, fue detenido esta mañana por elementos de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), acusado de los presuntos delitos de peculado y falsificación de documentos en agravio de la administración pública.

Según informó la PGJE en un comunicado, al ex funcionario se le acusa del desvío de 820 mil pesos que le fueron entregados en dos tiempos, a través de cheques con la cantidad de 410 mil pesos cada uno (bajo la modalidad de gastos a comprobar) para cubrir los gastos de producción y empastado de un "libro conmemorativo de la administración 2005-2011", publicación que no se realizó.

Se le acusa también del uso de documentación falsa en agravio de la administración pública toda vez que pretendió justificar con facturas apócrifas el gasto del recurso público recibido para esa publicación denominada "Acciones de Hoy para Sudcalifornia de Mañana", material que no fue producido.

La dependencia comunicó que la orden de aprehensión por estos hechos fue librada por el Juzgado Tercero de Primera instancia del ramo penal del Partido Judicial de La Paz, a solicitud del Agente del ministerio público especializado en delitos cometidos por servidores públicos, partir de un procedimiento administrativo realizado por la Contraloría General del estado, expediente CGE/073/11.

Desde diciembre del año pasado, tres ex funcionarios más de la administración de Agúndez, entre ellos el ex secretario general de gobierno y ex candidato a la gubernatura, Luis Armando Díaz, fueron acusados de presuntas operaciones ilícitas en su calidad de servidores públicos.

Fueron detenidos y liberados bajo caución y están siendo procesados por hechos vinculados a operaciones irregulares de compra venta de terrenos en el municipio de Los Cabos.

El ex mandatario, a su vez, consiguió un amparo por lo que no fue detenido; sin embargo, la Controloría General del gobierno estatal emitió un resolutivo en el que lo inhabilitó para el desempeño, cargo o comisión en el servicio público por un tiempo de seis años y le impuso una multa económica de 27 millones 973 mil 800 pesos.

Lo anterior, relacionado a la venta de terrenos propiedad del gobierno estatal, en el fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, a un precio inferior y por debajo del valor de dichos inmuebles en el mercado ordinario.

spb