Por unanimidad, la 64 Legislatura local aprobó la iniciativa de Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas.

La nueva disposición tiene como principales fines, integrar un registro certero de desplazados en el estado, prevenir las causas del desplazamiento interno, garantizar la atención humanitaria, mantener vigentes los derechos y la aplicación de soluciones duraderas a víctimas de desplazamiento por situaciones de conflictos sociales y por desastres naturales.

La nueva ley compiló y consideró propuestas y aportaciones de distintas agencias de
la ONU.

En Chiapas permanecen desplazadas unas 25 mil personas originarias de comunidades
de La Selva, víctimas de la violencia, la intolerancia y el desarraigo surgido durante el conflicto armado zapatista de 1994.

En su momento, Óscar Torrens, director de la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) agregó que a La población movilizada por el alzamiento zapatista, podrían añadírseles otros movilizados por problemas intercomunitarios,
religiosos y ambientales.

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