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SSP renta agentes como escoltas a particulares

La Secretaría de Seguridad Pública federal comercializa entre el sector privado el servicio de escolta y protección de inmuebles, bienes y valores. Ya desde 2008 la dependencia da ese tipo de servicios al sector público por medio del Servicio de Protección Federal

GUARDAS. La Secretaría de Seguridad Pública puso en marcha el Servicio de Protección Federal . (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )

Miércoles 21 de diciembre de 2011 María de la Luz González | El Universal04:10
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La Secretaría de Seguridad Pública federal amplió sus actividades a los servicios de escolta a particulares y seguridad y protección de inmuebles, bienes y valores del sector privado, a través del Servicio de Protección Federal, con tarifas diarias por un guardia de entre mil 465 y 2 mil 815 pesos.

La protección de particulares, sus inmuebles y sus bienes cierra el círculo de servicios de seguridad privada que la dependencia comercializa desde 2008, y que iniciaron con el resguardo de instalaciones federales y escoltas para servidores públicos, con y sin vehículos.

La cuota diaria por los servicios implica costos mensuales promedio de 40 mil 950 a 84 mil 450 pesos por un solo elemento. Una tarifa que varía según el rango del guarda, que puede ser raso, primero, segundo, tercero o supervisor. También hay diferencias si los servicios se prestan con auto o motocicleta.

Las tarifas para lo que resta de 2011 por la venta de servicios de seguridad privada se fijaron en un acuerdo del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, próximo a publicarse, con costos diferenciados para los distintos bienes y servicios del sector privado.

Por ejemplo, la protección, custodia y seguridad a bienes o valores del sector público por un guarda tercero tiene un costo diario de mil 365 pesos (es decir, hasta 40 mil 950 pesos por un mes), que garantizan el servicio de una persona “con un nivel de preparación media superior, con experiencia en manejar todo tipo de automóvil”.

Este guarda cuenta además con la capacidad “de observar posibles riesgos o amenazas y toma decisiones; también cuenta con los conocimientos de manejo de equipo de seguridad, armas largas y/o cortas, radiocomunicación y defensa personal, así como trabajar bajo condiciones de estrés o presión ante cualquier situación”.

Entre sus características también se incluye la disponibilidad para viajar, cambiar de residencia y “cualidades ergonómicas de al menos 1.65 m de estatura para varones y 1.60 para mujeres y con buena condición física y mental”.

Este mismo servicio, para el sector privado, tiene una cuota diaria de mil 465 pesos. Este costo, en ambos casos, cubre el servicio de personal que desempeñará su labor hasta por 24 horas de trabajo, seguidas por 24 horas de descanso.

“La tarifa autorizada se causará por día transcurrido por cada elemento, incluyendo los días de descanso. Los viáticos, pasajes, peajes y demás gastos inherentes por comisiones fuera del lugar de contratación o al interior de la república deberán ser pagados en su totalidad por el contratante”, dice el acuerdo.

Para el servicio con vehículos, que llega hasta dos mil 425 pesos diarios (68 mil 700 pesos al mes) para el sector público y dos mil 815 (84 mil 450 pesos al mes) para el privado, las tarifas determinadas incluyen como máximo el costo del combustible equivalente a 200 kilómetros por día. El excedente deberá ser cubierto por el cliente.

El Servicio de Protección Federal es un órgano administrativo desconcentrado de la SSP federal, que tiene como función proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias y entidades de la administración pública federal.

El servicio también se comercializa a los órganos de carácter federal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos y demás instituciones públicas que así lo soliciten, señala su acuerdo de creación.

Esta normatividad se ha ido ajustando para establecer que se podrá prestar el servicio “a personas físicas o morales cuando se requiera preservar la seguridad de bienes nacionales, de actividades concesionadas o permisionadas por el Estado, u otras que por su relevancia y transcendencia contribuyan al desarrollo nacional, así como a representaciones de gobiernos extranjeros en territorio nacional”, establece el acuerdo.



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