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IFE: Falta dar protección a precandidatos

Ante la falta de regulación en precampañas, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, señaló que requerirá al gobierno federal otorgar seguridad a los precandidatos presidenciales que lo soliciten

PREVISIÓN. El IFE requerirá al gobierno federal seguridad para los precandidatos presidenciales que así lo soliciten, aunque la normativa electoral no la contempla . (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )

Jueves 15 de diciembre de 2011 Nayeli Cortés | El Universal04:10

nayeli.cortes@eluniversal.com.mx

El IFE requerirá al gobierno federal seguridad para los precandidatos presidenciales que así lo soliciten, pero aclara que el otorgamiento de ésta será “discrecional”, porque la normativa electoral no la contempla.

El apartado artículo 230 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) prevé que el presidente del IFE podrá solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad personal para los candidatos presidenciales “desde el momento en que de acuerdo con los mecanismos internos de su partido, se ostenten con tal carácter”.

Sin embargo, el Cofipe no contempla el procedimiento para otorgarla en época de precampaña. “No tenemos nada establecido para el caso de precandidatos, de tal suerte de que en el remoto caso de que se presente alguna situación de que algún precandidato solicite esta seguridad lo único que podríamos hacer es atender su solicitud y tramitarla ante el Gobierno federal, pero será una decisión discrecional del Gobierno federal otorgar o no esa protección. Para el caso de los candidatos presidenciales, el Gobierno está obligado a brindar esa protección”, explicó Leonardo Valdés, presidente del IFE en entrevista con EL UNIVERSAL.

También aclaró que el instituto no entregará a los precandidatos mapas sobre zonas en las que no es conveniente realizar precampañas. “Esa es una decisión que debe tomar cada partido. Las decisiones que tomen los partidos, sus precandidatos y candidatos es absoluta responsabilidad de esas instituciones”, concluyó.

Ana María Salazar, experta en seguridad afirmó que este vacío legal refleja “negligencia” y que la normatividad electoral responde a otro México, donde el problema de seguridad aún no se agudizaba: “El que exista esta laguna legal es peligrosísimo, es de alguna forma de negligencia y tal vez refleja otro México donde había menos preocupación por la seguridad de los candidatos, pero si recordamos que ya mataron a un candidato a la presidencia (Luis Donaldo Colosio del PRI)”.

Falta coordinación

El riesgo, detalló, se extiende incluso a los candidatos, pues la normatividad no contiene reglas claras y firmes sobre los mecanismos para otorgar la seguridad y la coordinación de inteligencia e intercambio de información entre dependencias federales y estatales, encaminada a proteger a quienes contienden por un cargo de elección popular

“Debe haber mecanismos de coordinación formales entre quienes la seguridad de los candidatos o precandidatos y el gobierno federal”, acotó la especialista, y agregó que es importante que los mecanismos de seguridad para precandidatos y candidatos estén estipulados en ley, porque ello garantiza que se destinen los recursos necesarios.

“No hay otra forma de poner en riesgo la elección que matando a un candidato”, advirtió Salazar.

Seguridad de aspirantes

Hasta ahora, sólo Andrés Manuel López Obrador, virtual precandidato de la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano), ya requirió los servicios de Audomaro Martínez, general retirado que también fue responsable de la seguridad del perredista en la campaña presidencial de 2006.

De acuerdo con su equipo, todo el personal de seguridad que proteja la integridad de López Obrador —al menos durantelq precampaña— estará integrado por militares en retiro.

El equipo de comunicación del virtual precandidato por la coalición Compromiso por México (PRI, PVEM y Panal), el priísta Enrique Peña Nieto, aclaró que por motivos de seguridad no revelaría detalles sobre la protección del priísta.

No obstante, durante su participación en el segundo Foro sobre Democracia Latinoamericana, organizado por el IFE, fue posible advertir a un equipo de al menos 50 personas que desde antes de las 7 la mañana (el evento era a las 10 am) reguardaron el antiguo Colegio de San Ildefonso.

El aspirante presidencial de Acción Nacional, Ernesto Cordero Arroyo, conserva la escolta del Estado Mayor Presidencial (EMP) que le fue asignada cuando como secretario de Hacienda formó parte del Gabinete de Seguridad del gobierno federal.

En la seguridad de su homóloga, Josefina Vázquez Mota no hay EMP, sino personal de la Policía Federal.

El también aspirante presidencial panista Santiago Creel cuenta con seguridad otorgada por militares que no pertenecen al Estado Mayor Presidencial. El senador con licencia conservó su escolta del EMP durante los cinco años posteriores a que dejó su encargo como secretario de Gobernación.

Ana María Salazar consideró lógico que los todavía aspirantes presidenciales seleccionen un equipo de seguridad integrado por personas de su confianza.

“Tienes que rodearte de gente en quien confíes, pero también tiene que haber una capacitación con base en los protocolos para responder en caso de peligro”, recordó.

Consideró necesario que el gobierno federal formule un mapa de riesgos para realizar campaña o precampaña.

“El Instituto Federal Electoral no puede crear ese mapa porque no tiene la información de inteligencia de todo el país, pero bien podría supervisar este esfuerzo para que no se haga una interpretación electorera del mapa”, expuso la experta en Seguridad.

Salazar Slack también recomendó a los precandidatos y candidatos que deben mantener el equilibrio entre su necesidad de acercarse a la gente y respetar los protocolos para mantenerlos seguros.

“Hay polémicas entre el estratega que sugiere acercarse a la gente y no difundir la imagen de un político rodeado de seguridad y el responsable de seguridad que pide resguardarlo lo más posible. Creo que candidatos y precandidatos deben tomar en serio su seguridad”, concluyó Ana María Salazar.



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