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El presidente Felipe Calderón ordenó a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina que, en el marco de la ley, declinen los juicios militares por violaciones a los derechos humanos en contra de integrantes de las Fuerzas Armadas para que sean civiles quienes les juzguen, al tiempo que instruyó a modificar sus protocolos para el uso de la fuerza en sus actividades contra el crimen.

En ocasión de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos a Federico Manuel Fleischmann Loredo en Los Pinos, el mandatario enlistó siete acciones de su gobierno en defensa de los derechos humanos, como parte de su estrategia anticrimen.

Proteger a activistas de derechos humanos, periodistas, candidatos; acciones en pro de las víctimas de la violencia; política de firme colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y apertura a organismos internacionales como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; cabal cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derecho Humanos; capacitar en este tema a las fuerzas federales (Ejército, Marina, Policía Federal y PGR); y acelerar el acotamiento del fuero militar, son las acciones a emprender por el gobierno de Calderón.

“Hoy anuncio que he dado una instrucción fundamental a la Procuraduría General de la República y a las secretarías de Defensa Nacional y de Marina a fin de que exploren mecanismos para que, sin violentar la ley vigente que nos obliga, en los casos de violaciones a los derechos humanos, en que sean acusados integrantes de las Fuerzas Armadas, se busque la manera de poder transferir o declinar la competencia militar en favor de los ministerios públicos y de los jueces civiles”, puntualizó Felipe Calderón.

Expuso que las Fuerzas Federales tienen la instrucción de que en todos los casos remitan al Ministerio Público o al juez competente a las personas detenidas en flagrancia o en cumplimiento de una orden judicial.

“También, instruyo a las dependencias federales para que hagan públicas y, de ser necesario, actualicen sus directivas y sus protocolos aplicables en el uso legítimo de la fuerza, en la observación de la cadena de custodia, en la preservación de las evidencias del delito, todas ellas indispensables para asegurar la integridad y eficacia de las investigaciones ministeriales, tal como establece el marco legal aplicable en México”, apuntó el mandatario.

Anunció el envío al Legislativo de una iniciativa de ley en materia de derechos de las víctimas, que buscará, fortalecer la recién creada Procuraduría Social de Atención a Víctimas de la Violencia.