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El dueño del Casino Royale, Raúl Rocha Cantú, busca en los tribunales obtener un permiso para instalar y operar un casino. Desde marzo de 2011, el empresario regiomontano presentó una demanda de amparo para que se le otorgue el permiso a su empresa Impulsora de Entretenimiento y Destreza Turín, S.A de C.V.

De acuerdo con el expediente del juicio de amparo número 1726/2010 —el cual es posible consultar en la página de internet del Consejo de la Judicatura— será el próximo 28 de octubre cuando se realizará una audiencia, en el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

El juez Ricardo Gallardo Vara valorará si existen elementos para otorgar el amparo.

En caso de que se conceda el amparo, la Secretaría de Gobernación estaría obligada a otorgar el permiso para instalar y operar casinos en el país a Impulsora de Entretenimiento y Destreza Turín.

Raúl Rocha Cantú no es el único accionista de esta empresa. De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del estado de Nuevo León, el otro accionista es Francisco Javier López Arteaga, hombre cercano a Juan Iván Peña Neder, quien fue coordinador de asesores de la Secretaría de Gobierno en 2007.

Francisco Javier López Arteaga y Peña Neder fueron socios del despacho de abogados Consultoría Vazala.

Como informó EL UNIVERSAL en ediciones anteriores, además de ser administrador de una empresa que maneja un casino en La Piedad, Peña Neder vendió documentos, algunos de ellos falsos, que permitieron la instalación y operación de casinos irregulares en el país.

El 12 de septiembre de 2008, la empresa Impulsora de Entretenimiento y Destreza Turín solicitó un permiso para operar un centro de apuestas remotas y salas de sorteo de números.

El entonces director general adjunto de juegos y sorteos, Roberto Correa Méndez recibió la solicitud. El 26 de noviembre de 2008 envió un oficio a la empresa solicitando diversos documentos para seguir con el trámite. La empresa entregó la documentación solicitada el 10 de diciembre de 2008.

El 6 de mayo de 2009, Roberto Correa Méndez firmó el oficio DGAJS/0243/2009, en el que menciona que la empresa contestó a cada uno de los requerimientos solicitados por la Secretaría de Gobernación. Correa Méndez renunció a la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos el 11 de junio del 2009.

El 22 de febrero de 2011, la entonces titular de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, Guadalupe López Mares, firmó un oficio en el que se negó el permiso a Impulsora de Entretenimiento y Destreza Turín, con el argumento de que el Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos determinó no conceder “opinión favorable a la solicitud de permiso”.

Desde el 10 de diciembre de 2010, los representantes legales de Impulsora de Entretenimiento y Destreza Turín presentaron su primer juicio de amparo por no tener respuesta a su solicitud de permiso.

Al obtener una respuesta negativa, el 22 de febrero de 2011 presentaron otra demanda de amparo, que fue aceptada el 24 de marzo del mismo año. En esta ocasión, el principal argumento que utilizaron a su favor fue el oficio firmado por Correa Méndez, el 6 de mayo de 2009, en donde les informó que su empresa cumplía con todos los requerimientos solicitados por la Secretaría de Gobernación.

Un día antes de renunciar como titular de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, Correa autorizó un permiso para que la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, S.A de C.V. pudiera instalar y operar 41 centros de apuestas remotas con salas de sorteo de números.

El argumento que se dio fue que se cumplía con la sentencia del 11 de diciembre del 2008, en donde el juez Luis Armando Jerezano, titular de Juzgado Cuarto de Distrito de La Laguna, determinó otorgar el permiso.

EL UNIVERSAL también informó que fuentes de la industria de los casinos reconocen que Roberto Correa y Juan Iván Peña Neder vendían documentos, algunos falsos, con los que se instalaron y operaron casinos irregulares en el país.

El Casino Royale, que sufrió un atentado donde murieron 52 personas, operó con algunos de estos documentos, de acuerdo con información de la misma Secretaría de Gobernación.

Hasta el momento, sólo Correa Méndez tiene denuncias en su contra, tanto en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobernación, así como en la Procuraduría General de la República (PGR).

El pasado 8 de septiembre, Juan Iván Peña Neder fue detenido en la ciudad de México y trasladado a un penal de Michoacán, en donde actualmente enfrenta un proceso judicial por el delito de violación.