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El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, exige al gobierno federal que deje de utilizar el detector molecular GT200, porque “es un producto más fraudulento que fiable”. Y pide a las autoridades no “caer en ingenuidades en donde se utilicen aparatos pretendiendo dejar de lado investigaciones”.

El gobierno federal y algunos estatales comenzaron a usar el aparato para detectar drogas, explosivos y armas en 2008. Plascencia Villanueva informa que a partir de esa fecha las quejas de cateos ilegales en casas casi se triplicaron, al pasar de 393, en 2007, a 964, en 2008. En 2009 la CNDH recibió 947 quejas; en 2010, 826, y hasta mayo de 2011 llevaba 422.

El ombudsman nacional atribuye dicho incremento a las lecturas falsas del detector GT200.

“En infinidad de informes que nos fueron remitidos se argumentaba que la justificación de la autoridad derivaba de que el aparato había resultado positivo en ciertos domicilios y colonias enteras”. En los cateos, explica Plascencia, “tiraban la puerta, sometiendo a los moradores, y no había nada, retirándose sin reparar daño alguno y sin que implicase una responsabilidad”.

Afectados

El ombdusman emitió la Recomendación General No. 19, el 5 de agosto de 2011, en la que pidió a autoridades y fuerzas armadas “evitar el uso de este instrumento y similares, y a las ministeriales solicitar una orden de cateo, previamente su utilización”.

La recomendación de la CNDH registra 3 mil 159 quejas por cateos ilegales, recibidas entre enero de 2008 y mayo de 2011. Plascencia asegura que en una tercera parte de estos casos se utilizó el GT200, es decir, unas mil quejas. Buena parte de éstas provienen de Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Michoacán.

El presidente de la CNDH asegura que las autoridades deben cuidar no caer tan fácilmente en engaños, “sobre todo en trampas fraudulentas de productos milagrosos, diríamos en este caso”. Plascencia cuenta que Gran Bretaña dejó de usarlo en la detección militar de explosivos en Irak y Afganistán, porque propició “la muerte de elementos militares”.

EL UNIVERSAL informó ayer el caso del indígena mixe Ernesto Cayetano Aguilar, detenido en un retén de Jaltipán, Veracruz, que fue acusado de tráfico de drogas porque el aparato lo señaló; estuvo recluido ocho meses en el penal de máxima seguridad de Villa Aldama, en la misma entidad. Ernesto Cayetano fue absuelto hace unos días, luego de que una juez de Coatzacoalcos valorara que las lecturas del detector molecular GT200 no podían constituir una “prueba de cargo”. En la misma prisión sigue recluido Margarito Méndez, quien fue sentenciado a 10 años de prisión luego de que la llamada ouija del diablo lo inculpara.

Gran Bretaña alertó a México

Katy Reid, vocera de la oficina de prensa de la embajada de Gran Bretaña en México, puntualiza —vía correo electrónico— que su gobierno tiene una investigación contra la empresa inglesa que fabrica el GT200, Global Technical LTD, bajo el cargo de fraude.

Reid detalla que a principios de 2010 su gobierno informó al gobierno mexicano sobre tal investigación: “Nosotros compartimos con el gobierno mexicano nuestras preocupaciones sobre la ineficacia del aparato”.

Al Senado de la República ya llegó la recomendación de la CNDH contra el GT200. El senador Francisco Javier Castellón, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara alta, busca la aprobación de un punto de acuerdo que se lleve al pleno para exhortar al Ejecutivo federal para que someta a un protocolo científico al detector molecular.

Castellón apunta: “El uso del aparato vulnera no sólo los derechos de la ciudadanía, también pone en riesgo la vida de las fuerzas armadas”.

El documento cita la recomendación del ombudsman y recoge la exigencia de un grupo de científicos encabezados por el físico Luis Mochán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para practicar experimentos al GT200 y aparatos similares que se usan en el país.

La petición del grupo de científicos, a los que se sumó Arturo Menchaca, presidente de la Academia Mexicana de Ciencia (AMC), es que se haga una prueba “doble ciego”, en la que se esconda en recipientes o cajas cantidades de droga, armas y explosivos.

Castellón explica que la idea es que personas que no sepan qué se introdujo en cada caja permanezcan como testigos de la prueba, y que un operador del GT200, que no conozca a ninguno de los involucrados, entre al ejercicio y diga qué identifica en cada una.

“No se trataría de un estudio independiente. (Pedimos) que la Secretaría de la Defensa Nacional esté presente y supervise las pruebas ciegas”, precisa el legislador.

Castellón alerta que el aparato no sólo se emplea en cateos ilegales domiciliarios, sino en retenes militares o policiacos. El punto de acuerdo también propondría que el Ejecutivo federal remita al Senado un informe detallado de la adquisición de detectores moleculares como el GT200.

No es el único

Andrés Tonini, un ciudadano con intereses científicos, se dio a la tarea de documentar información hemerográfica y oficial de GT200 y aparatos similarse, desde hace dos años.

La información oficial la obtuvo por medio de mecanismos de transparencia, que evidencian que secretarías y gobiernos estatales han erogado 343 millones 891 mil 751.12 pesos en la adquisición de 940 detectores GT200, 742 de los cuales están en manos de la Defensa Nacional.

Cada aparato, que consta de un mango hueco provisto de una antena movible en un pivote superior, sin circuitos y baterías, tiene un costo promedio de 30 mil dólares.

Tonini encontró que no sólo la Defensa, sino la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Marina, Petróleos Mexicanos, gobiernos estatales —como el de Sinaloa, Colima, Guanajuato, Chihuahua y Michoacán, y hasta el gobierno del Distrito Federal, en el mercado de abastos, entre otros— usan el aparato.

Tonini advierte, sin embargo, que hay otro aparato que también se emplea en México: “El ADE651, fabricado por la empresa ATSC, que es una escisión de Global Technical LTD”.