SAN JOSÉ.— Pese a su permanente fragilidad financiera y bajo el alegato de que necesita más recursos para reprimir a las mafias externas e internas del crimen organizado, Centroamérica está involucrada en una renovada competencia por la supremacía militar aérea que atrae a influyentes proveedores, como Estados Unidos, Rusia y Brasil.

En una carrera armamentista que consume presupuestos públicos y golpea a la inversión social, el más reciente foco de disputa ha sido protagonizado por Honduras y Nicaragua, con Guatemala como tercer contendiente, ya que la superioridad aérea es uno de los más importantes factores del balance militar disuasivo regional.

“El control aéreo militar de Centroamérica siempre ha estado en disputa, como parte del equilibrio de los ejércitos”, frente a la potencia de tropas de infantería o de fuego antiaéreo de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, dijo el académico hondureño Eugenio Sosa, profesor de Sociología de la estatal Universidad Autónoma de Honduras, en una entrevista con EL UNIVERSAL.

Honduras anunció en junio que, para combatir al narcotráfico en profundidades del Mar Caribe y otros sectores, planea comprar helicópteros Bell 212 y aviones Caravan 208, de Estados Unidos, y aeronaves Súper Tucano, de Brasil, como parte de un extenso pedido castrense que incluye radares, guardacostas y lanchas rápidas, entre otros equipos.

Nicaragua —que siempre vigila con inquietud los movimientos castrenses y la capacidad de respuesta aérea de su vecina Honduras— reaccionó y en septiembre y agosto pasados reveló que también adquirirá más aviones y helicópteros, sin precisar cifras, en un variado programa financiero para reforzar su poderío militar. “Necesitamos aviones para poder proteger nuestro espacio aéreo y combatir mejor el abastecimiento aéreo de los narcotraficantes”, dijo el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en un acto del ejército de su país en Managua.

Rusia —que aporta una ayuda militar de tres años por más de 26.5 millones de dólares al gobierno de Ortega— suministró dos helicópteros MI-171 a Nicaragua en 2009.

Aprovechando una gestión iniciada en 2009 ante el gobierno brasileño, Guatemala confirmó el viernes que pedirá créditos por 170 millones de dólares para comprar seis aviones militares Súper Tucano, radares y otros equipos a Brasil, para combate al narcotráfico. Con las naves, diseñadas para ataque ligero y contrainsurgencia, se “mejorará el rastreo de las rutas que usan los narcotraficantes”, dijo el coronel Rony Urízar, vocero del Ministerio de Defensa de Guatemala.

El programa incluye un sistema de navegación de control aéreo y entrenamiento avanzado de pilotos.

El Salvador no ha querido quedarse atrás. A finales de 2010, el presidente Mauricio Funes informó que su país compraría hasta 10 aviones Súper Tucano a Brasil, por un valor aproximado a 110 millones de dólares con financiamiento externo, aunque en febrero de este año pospuso la operación, alegando que hay “problemas más apremiantes” en salud, educación y vivienda. “No estamos estableciendo como prioridad la adquisición de esa flota”, declaró Funes, uno de los principales aliados políticos de Brasil en el istmo.

Zona de seguridad

El crimen organizado y el narcotráfico —como antes fueron la guerra fría, las dictaduras de izquierda o derecha y las guerrillas comunistas— son los actuales argumentos para la compra y venta de armas en una zona que, como Centroamérica, salió hace apenas 15 años de un periodo de conflictos armados por líos políticos y socioeconómicos que estallaron en la década de 1960.

Por eso, las nuevas compras militares despiertan temores entre vecinos, ante riesgos de perder predominio o supremacía aérea, terrestre o naval. Sosa aseguró que las iniciativas de modernización aérea “son en el fondo una política de remilitarización, ya no sólo de Honduras, sino de toda Centroamérica. Esto se inscribe en la política de Estados Unidos hacia la región. Hay acuerdos (gubernamentales) para redoblar esfuerzos argumentando narcotráfico y crimen organizado en la región”.

Al preguntársele si las aeronaves que se gestionan en el exterior son idóneas para atacar al narcotráfico, adujo que “el tema central no es efectividad en el combate al crimen organizado, sino potenciar a Centroamérica como zona de seguridad y verla geopolíticamente como contrapeso” a Venezuela, Ecuador y Bolivia, “que no siguen los dictados políticos” de Washington.

“Centroamérica es la región más alineada políticamente a EU. Estos planes hay que verlos, en el caso hondureño, como el poder de negociación de los militares para seguir creciendo y fortaleciéndose en términos tecnológicos, de presupuesto y de incidencia en algunas zonas estatales. Las políticas han demostrado ser inútiles para combatir los problemas del narcotráfico”, insistió.

Sin enfoque integral

En los últimos 20 años, y por su cercanía con los puntos de producción de cocaína en Colombia y con los mercados de consumo en EU, los países centroamericanos se han convertido en un pasillo del narcotráfico para transportar la droga por sus vulnerables fronteras terrestres, marítimas y aéreas hacia México. Datos del gobierno de Costa Rica revelaron que hasta 90% de la cocaína que llega a EU pasa por el corredor centroamericano entre Colombia y México. La zona es base crucial del crimen organizado, con un agravamiento general de la inseguridad.

“Las acciones que se adoptan en la región contra el narcotráfico no son las mejores”, aseguró la analista nicaragüense Elvira Cuadra, coordinadora de investigación del Centro de la Comunicación, entidad no estatal de Nicaragua. Consultada por este diario, Cuadra consideró que “no hay un enfoque integral (como región) de combate al narcotráfico. El enfoque que hay es incompleto”.

En el caso de Nicaragua, Cuadra dijo que el ejército “prácticamente no ha renovado equipos desde inicios de la década de 1990 y no veo la situación tan amenazante y tan riesgosa como en otros países” del área. “Existe el riesgo y la amenaza de utilizar el argumento y el pretexto del combate al narcotráfico y al crimen organizado para remilitarizar a las otras sociedades centroamericanas. En esos casos, los presupuestos militares representan un rubro muy fuerte en los presupuestos nacionales y en relación con otros indicadores económicos”, prosiguió.

La carrera armamentista en Centroamérica —que también se registra en el resto de Latinoamérica— “es irracional”, reprochó el abogado costarricense Luis Cordero, director de la Fundación Arias para la Paz, organización no estatal de San José. La tasa de homicidios de Centroamérica, recordó Cordero a EL UNIVERSAL, es de 44 por cada 100 mil habitantes, la más alta del mundo y 11 veces superior que el promedio mundial. Pese a que los países del istmo invirtieron cuatro mil millones de dólares en seguridad en 2010, “¿quién en Centroamérica cree que nuestras ciudades son hoy más seguras? Entonces, ¿para qué tanto gasto militar?”, cuestionó.

“Parece que estamos renunciando a una premisa elemental de la institucionalidad democrática: el crimen, organizado o no, se combate con una policía civil, dotada de recursos suficientes y bien capacitada. Seguridad sí; armamentismo, no”, sentenció.