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Dan 37 años de cárcel a líderes de red de trata

El juez 18 de Distrito en Procesos Penales en el Reclusorio Norte sentenció a 37 años de prisión a Emiliano y María, quienes encabezaban una red transnacional de explotación sexual que sus hijos, Saúl y Miguel Ángel, comandaban entre México y Estados Unidos

JUSTICIA. Sara Herrerías, fiscal para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, y Angélica Herrera, de la Unidad Especial de Investigación de Tráfico de Menores Indocumentados y Órganos. (Foto: ESPECIAL EL UNIVERSAL )

Domingo 04 de septiembre de 2011 Evangelina Hernández | El Universal05:08
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El delito de trata de personas que cometió la familia Rugeiro Saucedo en contra de al menos cinco mujeres, recibió castigo. El juez 18 de Distrito en Procesos Penales en el Reclusorio Norte sentenció a 37 años de prisión a Emiliano y María, quienes encabezaban una red transnacional de explotación sexual que sus hijos, Saúl y Miguel Ángel, comandaban entre México y Estados Unidos con el apoyo de Cristina Hernández Suárez, quien fue condenada a 28 años de cárcel.

Esta es la cuarta sentencia que se dicta en el país por este delito desde que en 2007 se emitió la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y actualmente hay 32 procesos pendientes.

El castigo contra los Rugeiro Saucedo sienta un precedente jurídico porque es la primera vez que un juez aplica la pena máxima y obliga a los responsables a la reparación del daño moral de las víctimas, al considerar que durante el tiempo que fueron sometidas a ejercer el sexoservicio estuvieron expuestas a contraer enfermedades venéreas, además de que eso afectó “su reputación, su honra y sus sentimientos”.

Asimismo, ordena el decomiso de los bienes de los sentenciados, mismos que son producto de la trata de personas y determina que se rematen y los recursos que se obtengan sean entregados a las víctimas.

Miguel Ángel se encuentra preso en Estados Unidos acusado de facilitar la prostitución, con un castigo de cinco años de años de cárcel y una orden de aprehensión pendiente en México. Saúl está prófugo y forma parte de la lista de los delincuentes más buscados por la Procuraduría General de la República, por quien se ofrece una recompensa de 15 millones de pesos.

Ambos enamoraban a jovencitas en diversos estados de la república, las convencían de vivir con ellos en Tenancingo, Tlaxcala, ahí las mantenían unos meses sometidas por los padres de éstos y después las trasladaban a Atlanta, donde eran obligadas a mantener hasta 50 servicios sexuales por día.

La fiscal especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), Sara Irene Herrerías, y la titular de la Unidad Especial de Investigación de Tráfico de Menores Indocumentados y Órganos de la SIEDO, Angélica Herrera Rivero, explicaron a EL UNIVERSAL que esta sentencia representa también un logro para el Ministerio Público, dado que se configuró a detalle el delito que todavía es nuevo para los jueces.

En entrevista, ambas funcionarias comentaron que han conseguido cuatro sentencias condenatorias por el delito de trata de personas, dos por explotación laboral y dos por sexual.

La fiscal de Fevimtra dijo que uno de los casos de explotación laboral es de ocho menores de edad que fueron sustraídos con engaños de sus hogares en Guatemala y obligados vender dulces y globos en Tapachula, Chiapas. El otro es de una mujer de 60 años que fue traída de Colombia a México, donde la mantuvieron encerrada y forzada a realizar labores domésticas.

La cuarta sentencia que obtuvo el Ministerio Público Federal fue por trata de personas en la modalidad de explotación sexual, ésta fue impugnada porque el juez aplicó el castigo mínimo a tres hermanos de apellido Velázquez Zompantzi, también originarios de Tenancingo, Tlaxcala, y quienes forzaban a varias mujeres a ejercer el sexoservicio en Estados Unidos.

La mamá de éstos, Severiana Zompantzi, formaba parte de la red. Los cuatro recibieron un castigo de 16 años de prisión, 10 años por delincuencia organizada y 6 por trata de personas. Esta sentencia fue impugnada por el MP por considerar que no se valoraron todas las agravantes.



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