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Carlos Cruz se dirigía a Estados Unidos en su Jeep Cherokee. Estaba en las inmediaciones del Puente Internacional Zaragoza, en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando un retén militar le hizo la parada. En el interior del vehículo llevaba 30 paquetes que en su conjunto pesaban 15 kilogramos. Era mariguana.

El vehículo de Carlos fue asegurado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Permaneció varios meses en un almacén de bienes muebles del Distrito Federal hasta que, finalmente, este año fue vendido a un particular en 10 mil pesos.

Los automóviles utilizados por el crimen organizado, decomisados o asegurados por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF), llegan a precio de chatarra —desde 700 pesos— a las subastas del SAE, donde además se pueden adquirir celulares a sólo 10 pesos. Un lote de 51 anillos de oro, por ejemplo, fue vendido este año a 34 pesos por unidad.

Los bienes muebles están depositados en cerca de 60 almacenes ubicados a lo largo del país. Uno de éstos, localizado en las inmediaciones del DF a lo largo de sus tres hectáreas —en donde cabrían tres canchas de futbol— alberga más de 900 vehículos (incluyendo autos, camionetas e incluso tráilers), 100 de ellos blindados. Varios tienen impactos de bala.

Aunque no todos los vehículos forman parte de decomisos de la lucha contra el crimen organizado —también los hay provenientes del SAT—, la mayor parte de los más costosos, como los Jaguar, los Mercedes-Benz, los Porche y los BMW, fueron transferidos a partir de aseguramientos por causas penales.

El encargado de la bodega comenta la importancia de que la ubicación del lugar no sea revelada por cuestiones de seguridad, pues teme que los criminales intenten recuperar sus objetos de valor.

Pasando el patio de los automóviles hay un almacén techado, con una veintena de motocicletas, más de 300 máquinas tragamonedas, jeeps eléctricos para los niños, discos y ropa pirata, así como varios menajes de casa, entre los que se incluyen recámaras, sillones, algunos objetos de mármol y varias pantallas de televisión.

¿Sueña con vivir en las Lomas?

Entre 2008 y mayo de 2011, el SAE ha vendido mil 720 bienes inmuebles, incluyendo aquellos que no provienen de la comisión de delitos. Una revisión de los montos en que fueron rematadas estas propiedades, realizada por EL UNIVERSAL luego de obtener datos del SAE a través de una solicitud al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), revela que los precios promedio fueron a la baja entre 2008 y 2010, pero repuntaron en el primer semestre de 2011.

El valor promedio por propiedad pasó de 592 mil pesos, en 2008, a 317 mil, en 2009, y cayó hasta 199 mil en 2010. En el primer semestre de 2011 se colocaron 77 inmuebles por 38.2 millones de pesos, es decir, a un precio promedio de 496 mil pesos.

En la presente administración se han vendido ocho bienes inmuebles que fueron decomisados por estar relacionados con delitos penales federales. Por ellos se pagaron 35 millones de pesos, lo cual ha sido objeto de polémica porque usualmente se venden por debajo de su valor en el mercado.

Un ejemplo: dos propiedades del general Jesús Gutiérrez Rebollo, ex comisionado del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), sentenciado en 1997 a 40 años de prisión por vínculos con el narcotráfico, fueron vendidas en enero de 2009 en 4.3 y 4.5 millones de pesos.

Condominios similares, también ubicados en la exclusiva zona de Lomas de Chapultepec, se cotizan en unos 10 millones de pesos.

Otro caso que llama la atención es la venta de 107 inmuebles —por 28.6 millones de pesos— en abril de 2008, y en el mes siguiente se vendieron siete propiedades por 22.2 millones de pesos. En el primer caso, el valor promedio fue de 267 mil pesos; en el segundo, de 3.1 millones de pesos.

La diferencia en el valor de las propiedades varía en función de su tamaño, condiciones, zona, plusvalía, entre otros factores. Sin embargo, el sistema actual de subastas muestra falta de transparencia para conocer las condiciones que rodean a las ventas.

“Tenemos un problema cuando se trata de bienes que estuvieron involucrados en algún delito penal federal; si damos a conocer a los compradores, hay quienes dicen que no le entran”, explica Sergio Hidalgo Monroy, director general del SAE.

Sinaloa encabeza la lista de bienes inmuebles que han sido asegurados por autoridades federales: de 2000 a mayo pasado, con 442 propiedades, es decir, 25% del total; muy por encima de la entidad que le sigue: Jalisco, con 162, o del Distrito Federal, con 139, de acuerdo con la información obtenida a través de una solicitud de transparencia.

En lo que se refiere a bienes muebles asegurados, el inventario, que incluye más de 22.5 millones de artículos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a junio de este año, destaca: 44 mil 904 joyas, 263 aeronaves, 671 embarcaciones y 17 mil 364 vehículos.

De acuerdo con el director general del SAE, alrededor de 95% de los bienes —tanto muebles como inmuebles— es transferido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), provenientes de las aduanas del país; 3%, también del SAT, pero por conceptos fiscales; y sólo 2% del total corresponde a los asegurados o decomisados por las autoridades por estar relacionados con algún delito.

Extinción de dominio, sin dar frutos

A dos años de que entrara en vigor la Ley de Extinción de Dominio, por la cual los bienes muebles e inmuebles que estuvieran involucrados o fueran fruto de algún delito pasarían a ser propiedad del Estado, ha tenido resultados pobres hasta el momento.

El SAE cuenta al momento con nueve inmuebles adquiridos a través de dicha ley. Sin embargo, el Estado mexicano no asume su propiedad, pues los juicios penales en contra de las personas continúan abiertos.

A través de una solicitud de información, la PGR informó que cuenta con seis y 11 procesos pendientes de resolución de extinción de dominio, en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y en la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, respectivamente. Explicó que de éstos se han aprobado dos extinciones de dominio y se han negado otros dos casos.

El presidente Felipe Calderón envió en 2009 una iniciativa de reforma para que la extinción de dominio fuera ejecutada siempre que se compruebe que el bien estuvo relacionado con un ilícito, sin que dicha resolución estuviera ligada a la culpabilidad o inocencia de las personas involucradas.

En la actual administración, ante la lucha contra el narcotráfico, uno de los blancos han sido las propiedades del crimen organizado, lo que ha llevado a que los bienes asegurados repleten los almacenes del SAE, dice el director general del organismo, Sergio Hidalgo Monroy: “No hemos vendido ni 5% de bienes muebles asegurados”.

“La modificación que se plantea es que si cometiste el delito en ese inmueble, te quito el bien, independientemente de lo que pase penalmente, pues hay evidencia concreta de que el inmueble fue usado para la comisión de delitos”, agrega el funcionario.