aviso-oportuno.com.mx

Suscríbase por internet o llame al 5237-0800




Frena PGR indagaciones sobre masacre: CNDH

El quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Fernando Batista Jiménez, acusó a la PGR de negar el acceso al personal de la Comisión para consultar las constancias sobre el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, hace un año

TRAGEDIA. Imagen del sitio donde fueron hallados los cuerpos de 72 migrantes asesinados el 24 de agosto de 2010, en San Fernando, Tamaulipas . (Foto: Archivo EL UNIVERSAL )

Miércoles 24 de agosto de 2011 Silvia Otero | El Universal04:36
Comenta la Nota

[email protected]

La masacre de San Fernando, Tamaulipas, es un expediente abierto. A un año del asesinato de 72 migrantes presumiblemente por integrantes del cártel de Los Zetas y el hallazgo de 193 cuerpos en fosas clandestinas, los secuestros de indocumentados se siguen perpetrando en México, reconoce Fernando Batista Jiménez, quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo continúa la investigación del caso: indaga si las autoridades federales y estatales han trabajado en el apoyo y protección a migrantes en la zona, cómo actuaron después de las ejecuciones y cómo se han conducido las pesquisas, aunque la Procuraduría General de la República (PGR) se ha resistido a colaborar y dar acceso a las averiguaciones previas al personal de la comisión, señala.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Batista Jiménez subraya que este episodio trágico no debe, ni puede ser olvidado, ya que la muerte de 58 hombres y 14 mujeres —provenientes de países como Honduras, El Salvador, Guatemala y Ecuador— a manos del crimen organizado “constituyen un botón de muestra de la situación de especial vulnerabilidad a la que se haya expuesta la población migrante en tránsito por México”.

El múltiple crimen es evidencia también de “la ausencia de política pública concreta y sobre todo efectiva en materia de prevención de delitos cometidos en perjuicio de las y los migrantes, derivados de la falta de coordinación entre las autoridades de los tres ámbitos de gobierno”.

La CNDH documentó en el Informe especial sobre secuestro de migrantes en México que entre abril y septiembre de 2010 se reportaron al menos 214 casos de secuestro masivo de migrantes, con 11 mil 333 víctimas, y que en el país hay 71 municipios, en 16 entidades, identificados como las zonas más peligrosas para este sector, donde son víctimas de secuestros, abusos de autoridad, extorsiones, robos y ataques sexuales.

¿Un año después de la masacre hay cambios en este escenario?

A partir de febrero, cuando se presenta el informe de los secuestros en perjuicio de la población migrante, hemos documentado otros casos relacionados, en concreto de secuestro.

“Aunque las cifras actualizadas aún no están disponibles, el hecho es que los plagios siguen ocurriendo. Habría que elaborar un nuevo diagnóstico muy concreto en la materia. Esperaríamos que lo hiciera el propio gobierno federal con la finalidad de contar con un análisis muy puntual a partir de estos hechos que ocurrieron en San Fernando, para determinar si ha habido avances en la materia sobre todo tratándose del tema de seguridad pública y de prevención del delito y procuración de justicia”.

Al margen de este diagnóstico, ¿se siguen registrando estos hechos?

Hemos venido documentando algunos casos y, efectivamente, es un tema que tiene que atacarse de manera puntual, sobre todo de manera inmediata para que no sigan ocurriendo en el futuro. Se deben tomar acciones a corto plazo, porque lo importante es garantizar la dignidad y los derechos humanos de los migrantes. Se debe atacar el problema en las zonas de alto riesgo ya identificadas.

Expediente abierto

Batista Jiménez dijo que el caso concreto de la masacre de migrantes no está cerrado para la CNDH.

“Seguimos integrando el expediente de queja hasta que podamos emitir una determinación que sirva para ayudar a las víctimas, que se investiguen estos casos y no queden en la impunidad, y también que se investigue la actuación de las autoridades que pudiera ser violatoria de los derechos humanos”, explica.

En el expediente CNDH/5/2010/4688/Q, el organismo nacional tiene abiertas diversas líneas, tales como determinar si las autoridades federales, así como de Tamaulipas y del municipio de San Fernando, han tenido coordinación para brindar apoyo y protección en favor de la población migrante en la zona.

Se indaga, añade el visitador, que la atención médica que recibió uno de los sobrevivientes de los hechos haya sido la adecuada, y que las autoridades hayan cumplido con su obligación de resguardar sus datos personales en su calidad de víctima, con el fin de garantizar su seguridad e integridad personales.

La CNDH también investiga que se haya brindado la asistencia migratoria adecuada a los sobrevivientes; que se practicara la óptima preservación y manejo de los cuerpos de los migrantes fallecidos, sobre todo cuando uno de los cadáveres fue repatriado a un país distinto del que era originario.

“Estamos investigando si se realizaron las diligencias adecuadas para la identificación de los cuerpos, en particular, si los análisis forenses fueron practicados conforme a los protocolos respectivos”, puntualiza.

También indaga si se generó una adecuada coordinación entre la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y la PGR, en la investigación de los hechos.

Demanda cooperación

Batista Jiménez lamentó que la PGR ha negado el acceso al personal de la CNDH para consultar las constancias que integran las investigaciones, “lo que constituye un obstáculo importante para nuestra investigación, a fin de determinar, en especifico, si la autoridad ministerial está actuando conforme a los parámetros legales correspondientes y con pleno respeto a los derechos humanos”.

“En recientes días hemos vuelto a solicitar de manera oficial esta colaboración de parte de la PGR. Esperamos encontrar una respuesta positiva para que podamos conocer la verdad de los hechos, coadyuvar en todo caso a la investigación y me parece que la sociedad tiene derecho también a una transparencia a ese respecto, desde luego velando siempre por la protección a las víctimas”, expone el visitador.

Ante esta negativa de la PGR a colaborar, recordó que los funcionarios de la comisión tienen la obligación legal de guardar reserva y confidencialidad de todos aquellos datos que pudieran afectar la integración de las averiguaciones previas o que en todo caso pudieran afectar a las víctimas del delito.



Comenta la Nota.
PUBLICIDAD