La primera comisión de la Comisión Permanente solicitó al Gobierno federal, a la Procuraduría General de la República, así como al gobierno de Quintana Roo a través de su Procuraduría de Justicia, para que adopte medidas "urgentes y den la debida protección" a la periodista Lydia Cacho en atención a las diversas amenazas de muerte que ha recibido.

En un dictamen con punto de acuerdo que analizó y aprobó hoy el órgano de Congreso de la Unión, también se le pide a estas autoridades "realizar una investigación pronta y eficaz para identificar a los responsables de las mismas".

En el dictamen que propuso el diputado panista Agustín Castilla también se exhortó a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la del estado de Quintana Roo, para que en el marco del Programa Nacional de Derechos Humanos "verifiquen su efectiva ejecución en lo que corresponde a la protección de las personas que defienden los derechos humanos".

En sus consideraciones, el panista explicó que la periodista ha puesto al descubierto diversas redes de corrupción que involucra uno de los mayores males de nuestra sociedad como lo es la trata de mujeres, niñas y niños y particularmente la pornografía y prostitución infantil.

Debido a lo anterior, a partir de 2005, Lydia Cacho comenzó a recibir amenazas tras publicar su libro "los Demonios del Edén", en el que develó las redes de prostitución y pornografía infantil principalmente en el estado de Quintana Roo que actuaban con el conocimiento y la protección de políticos y empresarios.

Durante los años siguientes Lydia Cacho continuó investigando y escribiendo ahora sobre redes internacionales de trata de mujeres y niñas en el mundo, tal y como lo plasmó en su último libro intitulado "Esclavas del Poder".

Ante estos trabajos de investigación siguió recibiendo amenazas en represalia por su labor como periodista y valiente defensora de los derechos humanos e incluso en 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno mexicano que adoptara medidas cautelares para protegerla.

"No obstante, estas acciones intimidatorias no han cesado y por el contrario se han intensificado con el propósito de acallar a la periodista. Apenas el pasado 14 de junio se recibieron nuevas amenazas en la sede de la Fundación que lleva su nombre y que se encuentra en España, y el 17 de junio la propia activista recibió una llamada telefónica en Cancún mediante la cual se le advertía que "mantuviera la boca cerrada o la matarían" y que este sería el último aviso, lo que ha sido denunciado también por Amnistía Internacional".

Derivado de estos hechos, es indispensable y urgente que tanto el Gobierno federal, el Gobierno de Quintana Roo, así como las Comisiones de Derechos Humanos Nacional y del Estado, adopten de inmediato medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de Lydia Cacho.

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