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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha identificado una mayor incidencia de casos de trata de personas en 15 estados de la República Mexicana. Los focos rojos se ubican en las fronteras norte y sur de México, en destinos turísticos, así como en ciudades del centro del país.

De acuerdo con el Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, los lugares que más preocupan o que se consideran focos rojos, son: Nogales, Sonora; Acapulco, Guerrero; Tapachula, Chiapas; Tijuana y Mexicali, en Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo y Matamoros, en Tamaulipas; Cancún, Quintana Roo; Guadalajara y Puerto Vallarta, en Jalisco.

También se han documentado casos en Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Veracruz, Querétaro y el Distrito Federal.

Las principales víctimas

En el estudio, hecho de manera conjunta con el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, se detallan las rutas que son utilizadas por los tratantes de personas.

“Puede afirmarse que hay vínculos estrechos entre el fenómeno migratorio y la trata de personas; y aunque se ha hecho énfasis en reiteradas ocasiones entre la diferencia que existe entre el tráfico de indocumentados y el delito de trata de personas, es preciso destacar que la condición de migrante irregular abre la posibilidad a ser objeto de múltiples vejaciones, incluido el delito de la trata”, se afirma en el documento.

También se indica que México es el segundo país que más víctimas de trata provee a Estados Unidos, superado únicamente por Tailandia. En 2007, se reportaron 48 casos de víctimas tailandesas y 42 de mexicanas. Le siguieron Guatemala, con 23 casos; Filipinas, con 22; China, con 21, y otros países, con 144 casos. Así, del total de víctimas identificadas en Estados Unidos, 14% era de origen mexicano.

Entre las víctimas que se han registrado en el país hay mujeres mexicanas y extranjeras, procedentes principalmente de El Salvador, Corea, Argentina, China, Honduras, Perú y Guatemala.

En el diagnóstico se indica que México carece de un sistema de seguimiento, información y construcción suficiente de estadísticas para describir con precisión las dimensiones y alcances del delito: “Las pocas fuentes oficiales disponibles se reducen a informes institucionales de las dependencias federales relacionadas, tales como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Migración”.

Ley avanza lento

En materia legislativa se avanza poco a poco. El pasado 13 de julio se promulgó la reforma constitucional que modifica los artículos 19, 20 y 73 para reforzar la defensa y protección de la víctima de trata. Se estableció un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión expida una nueva ley general.

Ante esta situación, la CNDH promueve políticas públicas en materia de prevención, persecución y atención a víctimas. Asimismo, fomenta campañas para evitar el enganche de niños y de jóvenes a través de internet, y el cumplimiento de las leyes contra la trata de personas.

También impulsa la capacitación a servidores públicos encargados de la procuración y administración de justicia, personal médico, de corporaciones policiales y militares para que brinden un trato digno a los afectados por este ilícito, y ha firmado convenios de colaboración con prestadores de servicios turísticos y de transportación para fomentar la cultura de la denuncia.