TUXTLA GUTIÉRREZ

La 64 Legislatura de Chiapas declaró suprimida la figura del arraigo judicial, luego de que 78 ayuntamientos municipales ratificaron la iniciativa de reformas a la Constitución estatal. Adicionalmente, los diputados aprobaron las modificaciones que otorgan al Consejo Estatal de los Derechos Humanos facultad para iniciar leyes en el ámbito de su competencia.

Zoé Robledo Aburto, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, declaró reformada la Constitución chiapaneca para eliminar y prohibir el empleo de esa figura en la legislación penal, e informó que desde ahora el Consejo Estatal de los Derechos Humanos contará con la facultad para iniciar leyes en la materia, lo cual constituye un adelanto en este ámbito.

En San Cristóbal de las Casas, el obispo Felipe Arizmendi Esquivel planteó que la eliminación del arraigo judicial se extienda a otros estados del país, por tratarse de un recurso violatorio de derechos humanos.

El consejero de Asuntos Generales de Derechos Humanos del Consejo Estatal de Derechos Humanos, Ernesto Molina, expresó que la eliminación del arraigo y la aprobación para que este consejo presente iniciativas de ley en la materia, “son dos excelentes decisiones de los legisladores chiapanecos”, e incluso llamó a que otros estados y la Federación misma las analicen para aplicarlas también.

Molina consideró que las citadas leyes deben ser analizadas, porque son vanguardistas y deben formar parte de los hechos de trascendencia en materia legal en México.

Chiapas se convierte en la primera entidad en eliminar de su legislación la figura del arraigo judicial, cuya aplicación ha resultado —según penalistas y defensores de derechos humanos— controversial por sus resultados.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC (CMDPDH) —la cual impulsa desde hace tiempo un proyecto de defensa integral, investigación e incidencia legislativa en torno al impacto del arraigo penal en los derechos humanos de las personas afectadas por esta medida— consideró que esta medida debe desaparecer de la Constitución y de la Legislación federal y local.

Según el organismo, porque ello constituye una práctica que viola per se los derechos de presunción de inocencia, libertad personal, libertad de tránsito, debido proceso y a la honra, sin contar con los cada vez más numerosos casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes asociados al arraigo, que vulneran los derechos de integridad física y mental de las personas en situación de arraigo.

La CMDPDH recordó que desde el pasado mes de marzo el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas instó a México a eliminar la figura del arraigo, toda vez que se considera que con ésta se establece un sistema de excepciones a los derechos constitucionales que abren una puerta a la arbitrariedad, la ampliación del concepto de delincuencia organizada y la flexibilización de las garantías individuales consagradas por la Constitución Mexicana.

En la sesión de ayer, el Congreso local aprobó modificaciones a la Constitución estatal que prevé ahora que los requisitos para ser gobernador del estado, deben ser entre otros, el ser chiapaneco por nacimiento y la prohibición de parentesco hasta el cuarto grado.