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Desde hace tres años, la capacidad de los trabajadores de las zonas urbanas para adquirir una canasta básica alimentaria presenta una tendencia a la baja, advierte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Desde hace tres años, la capacidad de los trabajadores de las zonas urbanas para adquirir una canasta básica alimentaria presenta una tendencia a la baja, advierte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Los empleados del país que tienen mayores dificultades para poder satisfacer sus necesidades alimentarias viven en Nuevo León, Baja California, Distrito Federal, Tlaxcala, Quintana Roo, Guanajuato, Sonora y Tamaulipas.

En México, según los datos más recientes del Coneval, 23.06 millones de personas —que representan 20% de la población nacional— no tienen suficientes recursos económicos para obtener los alimentos de consumo básico.

Para conocer la capacidad que tienen los trabajadores de comprar alimentos con el salario que perciben, el Coneval elabora de manera trimestral el llamado Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza, el cual se obtiene a partir de medir el ingreso de las familias y el costo de la canasta básica.

Según este índice, en los últimos tres años hay una marcada pobreza laboral en el medio urbano. En el primer trimestre de 2008, el índice era de 1.0309 y aumentó a 1.2472 en el primer trimestre de este 2011, lo que significa que, desde entonces, el salario de los empleados está perdiendo la capacidad adquisitiva.

Aunque en el medio rural esa tendencia también va en aumento desde 2008, su impacto es menor que en el mercado laboral de las ciudades. El Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza en esa zona refleja un incremento de 0.9501 de 2008 a 1.0170 en el primer trimestre de 2011.

Armando Rueda, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), atribuye esa situación a que en 2008 hubo una crisis en los mercados internacionales que también tuvo repercusiones en México. “Los efectos más visibles fueron el incremento en el precio de varios productos de la canasta básica, el debilitamiento de la mano de obra y el aumento del empleo informal”, señala. Además, explica, la mayor parte de los empleados de las ciudades dependen casi por completo o en su mayor parte de los salarios que perciben en el empleo formal.

Marina Bustamante, docente del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, argumenta que si bien no todas las familias mexicanas viven a expensas de obtener un ingreso laboral, las precarias condiciones del mercado de trabajo tienen un impacto directo en la pobreza, por lo que si los salarios y el empleo bajan, la pobreza aumenta.

Considera que a partir de conocer dicho índice, las políticas públicas deben enfocarse a atender o reforzar aún más los programas sociales enfocados a reducir la pobreza en el medio urbano, aunque sin descuidar las zonas rurales donde la incapacidad de alimentarse “tiene peores consecuencias”.

“Cuando aumentan los precios de determinados alimentos incluidos en la canasta básica, las familias de las ciudades suelen dejar de adquirir algunos insumos de cierta calidad nutritiva y los sustituyen por otros de menor calidad, pero en las zonas rurales, quienes no producen en el campo para el autoconsumo, esa situación definitivamente implica dejar de consumir alimentos”, considera.

La medición

El Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza se mide desde 2005 cada tres meses y se elabora con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el PIB, el número de trabajadores afiliados al IMSS —que hasta el 30 de junio de 2011 ascendió a 14 millones 995 mil personas— y el porcentaje de la población de entre 12 y 17 años de edad que trabaja —el cual representaba el 15.3% en el primer trimestre de este año—.

Este índice, aclara el Coneval, no es una medición oficial de la pobreza, pero dice que sí mide en el corto plazo distintos indicadores que tienen incidencia en la pobreza.

Así, por ejemplo, este índice permite saber que en 2004, un trabajador de zona rural requería de 471 pesos para tener un bienestar mínimo, mientras que el del ámbito urbano necesitaba de 675 .70 pesos.

En abril de el año en curso, el mínimo requerido para tener cierto bienestar es de 736.88 pesos en el medio rural y de 1039.58, en las ciudades.

Más carencia en ciudades

El referido consejo, en su análisis de tendencias económicas y sociales de corto plazo, de mayo de 2011, señala que “de 2005 a 2008 el índice rural y urbano de la población laboral tenía un comportamiento similar y a partir del segundo trimestre del 2008 la tendencia varía, al grado de que la pobreza laboral urbana crece mucho más que la rural”.

Nuevo León, Baja California, Distrito Federal, Tlaxcala, Quintana Roo, Guanajuato, Sonora y Tamaulipas presentan un índice de pobreza laboral mayor a la media nacional, pues alcanzan 1.8236.

Mientras que en Chiapas, Campeche, Tabasco, Nayarit, Michoacán, Zacatecas, Durango y Jalisco, los trabajadores tienen una mayor capacidad adquisitiva para adquirir la canasta básica alimentaria. En estas entidades, el índice no rebasa el 0.95.

Datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) establecen que los productos de la canasta básica en las zonas rurales son: maíz, tortilla de maíz, sopa de pasta, galletas dulces, pan blanco y dulce, arroz y frijol, carne de res y ternera, pollo y pescado, leche, queso, huevo, aceite, papa, cebolla, chile, jitomate, limón, manzana, naranja, plátano, azúcar, agua embotellada y refrescos.

En el medio urbano son: tortilla de maíz, sopa de pasta, pan blanco y dulce, pan para sándwich y hamburguesas, arroz y frijol; cereal de maíz, trigo, arroz y avena; carne de res, ternera y cerdo; chorizo, longaniza y jamón; pollo y pescado; leche, queso, yogur y huevo; papa, cebolla, chile y jitomate; limón, manzana, naranja, plátano, azúcar, agua y refrescos.

El investigador del CIDE Armando Rueda detalla que aunque la canasta básica de alimentos es mayor en la zona urbana que en la rural, la pobreza laboral se ve reflejada cuando un trabajador que antes compraba con sus ingresos todos o la mayor parte de esos productos, ahora se ve obligado a adquirirlos en menor número debido a sus altos costos y a la precariedad salarial.

Señala que el sueldo representa en México entre 60% y 70% de los ingresos familiares, por lo que “si éste se ve disminuido, las familias tienen que recurrir al autoempleo, en el mejor de los casos, o lo peor: al mercado informal, porque los subsidios y las remesas dejaron de ser una solución, y las transferencias de los programas gubernamentales se concentran en las regiones más pobres del país”.

Rogelio Gómez Hermosillo, presidente de Alianza Cívica y experto en programas sociales, explica que las transferencias de gobierno representan 50% de los ingresos para 20% de la población más pobre del país, a quienes genera un efecto de alivio ante las crisis financieras. Sin embargo, Gómez destaca que la política social que no está funcionando o que se debe reforzar ante la caída del ingreso por trabajo remunerado, es la de acceso al empleo y productividad, a fin de que los hogares mexicanos puedan elevar sus percepciones económicas y no caigan bajo la línea de la pobreza.