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Gasta SRE en defensa cara e inefectiva

En 3 años la Cancillería pagó 10.5 millones de dólares al bufete de Gregory J. Kuykendall para defender a los mexicanos condenados a muerte en EU. De los casos atendidos, en uno se logró conmutar la pena, un connacional fue ejecutado y cinco fueron sentenciados

ANTESALA. Humberto Leal García, originario de Monterrey, está acusado de haber violado y asesinado a una joven de 16 años en Texas. Su ejecución está programada para el próximo 7 de julio. (Foto: ESPECIAL )

Lunes 04 de julio de 2011 Gabriela Gutiérrez Medina | El Universal04:21
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Una dosis de pentobarbital, para mitigar el dolor; un poco de bromuro de pancuronio, para colapsar los pulmones, y un tanto de cloruro de potasio, para que, finalmente, deje de latir el corazón. La inyección letal que aplican en Texas, Estados Unidos, termina con la vida de los condenados a muerte en sólo siete minutos. Tal podría ser el destino del mexicano Humberto Leal García, cuya ejecución está programada para el 7 de julio.

Otros 57 mexicanos, al igual que Humberto, aguardan en el pabellón de la muerte de 10 entidades de Estados Unidos. Y, de cumplirse la sentencia, Leal García se convertirá en el octavo connacional en perder la vida dentro del sistema de justicia de ese país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha pagado, de 2008 a mayo de 2011, 10.5 millones de dólares al bufete de abogados Kuykendall, Gregory J., PC, para encargarse del Programa de Asistencia Legal para la Pena Capital de Mexicanos en Estados Unidos (MCLAP, por sus siglas en inglés), de acuerdo con copias de los contratos, en poder de EL UNIVERSAL.

Sin embargo, la tasa de éxito en la defensa de los mexicanos condenados a muerte es mínima: sólo en un caso se consiguió conmutar la pena capital por la cadena perpetua. Se trata de Daniel Plata Estrada, michoacano de nacimiento, a quien en agosto de 2008 se le perdonó la vida luego de que los abogados argumentaron que padecía de sus facultades mentales.

En ese mismo lapso fue ejecutado José Medellín, el 5 de agosto de 2008; cinco mexicanos fueron sentenciados a muerte y otros 131 están en peligro de obtener la pena máxima.

Los nombres de estos 189 connacionales —los 58 condenados más los 131 en riesgo de recibir la pena capital— se encuentran relacionados en el “Apéndice 1” del MCLAP.

Un estudio de junio de 2011 del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados señala que el gobierno de México eroga, mediante la SRE, 609 pesos diarios por defender a cada mexicano que corre riesgo de ser condenado a muerte en Estados Unidos, lo que representa cuatro veces más de los 151 pesos diarios que se gasta en la manutención de cada uno de los 225 mil reclusos que están en alguna de las cárceles mexicanas.

EL UNIVERSAL solicitó la postura oficial de la Cancillería, pero ésta optó por no dar declaración alguna.

Texas no respeta derechos humanos

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, determinó en 2004 que Estados Unidos infringía el artículo 36 de la Convención de Viena, que garantiza que en caso de arrestar a un extranjero las autoridades de los países firmantes darán a conocer, “sin retraso alguno, a la oficina consular competente” sobre la aprehensión, a fin de que el detenido cuente con asistencia profesional y de traducción por parte de su país de origen.

Sin embargo, estados como Texas desconocen la resolución de la CIJ y argumentan la inexistencia de alguna ley que los obligue a obedecer al organismo internacional, aun y cuando el entonces presidente George W. Bush aseguró que pondría remedio a la controversia internacional al acatar el fallo.

Por ello, diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, se han manifestado en contra de Texas y de Estados Unidos.

“Es un caso único. No es común que podamos decir que se tenga un grupo de personas que vienen de diferentes profesiones, partidos políticos y todos están unidos por la importancia de la Convención de Viena”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL Sandra Babcock, abogada de Humberto Leal.

El pasado 14 de junio el senador demócrata Patrick Leahy presentó la iniciativa de ley para vincular los compromisos firmados por Estados Unidos a nivel internacional y sus estados, con lo que aquellos extranjeros que no gozaron de asistencia consular podrían iniciar nuevos juicios en su favor.

“¿Qué mensaje va a recibir el mundo de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, sobre su compromiso a los tratados firmados, de su capacidad para ser socio, un aliado en el que puede confiarse?”, dice la abogada.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó el perdón de Humberto Leal al gobierno de Texas, el pasado 2 de junio. Al respecto, el tercer visitador de este organismo, Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, calificó a la pena de muerte como “una sanción muy dura, que en la dinámica de los avances de la civilidad, ya deberían estar superadas”.

Posteriormente, un juez federal rechazó detener la ejecución de Leal.

La terrible infancia de Tito

El sistema de justicia texano lo conoce por el número 999162. Las noticias lo llaman Humberto Leal García. Sus familiares y amigos le dicen Tito. Nació en Monterrey, aunque se crió la mayor parte de su vida en San Antonio. Tenía 21 años al momento de su arresto.

A los 10 años habría sufrido abuso sexual por el sacerdote Federico Fernández. Su testimonio sirvió para que otros hombres denunciaran haber sido violados por el clérigo, quien negó las acusaciones y ahora está en una parroquia de Colombia.

Leal García es acusado de haber violado y asesinado a Adria Sauceda, una joven de 16 años de edad. Desde el momento de su detención a la fecha, Tito asegura que intentaba ayudar a la joven, quien habría sido violada por otra persona durante una fiesta a la que asistieron ambos.

La abogada Babcock ha solicitado insistentemente una prueba de ADN, la cual, asegura, demostraría que la sangre encontrada en las prendas de Tito no corresponde a la de la víctima.

Además, ha presentado análisis de peritos especialistas que aseguran que Leal sufre cierto grado de daño cerebral, por lo que no sería elegible para la pena capital.

El caso de Leal, de 38 años, ha sido capaz de reunir a liberales y conservadores que buscan convencer al estado de Texas de respetar los acuerdos internacionales, pues temen que de no hacerse de esta manera los ciudadanos estadounidenses estarán en riesgo cuando viajen a otros países.

 



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