Exige CEDH garantizar integridad de Pablo Salazar
El Consejo Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas solicitó al gobierno del estado adoptar medidas para garantizar la seguridad y vida del ex mandatario debido al ayuno que realiza dentro del penalComenta la Nota
El Consejo Estatal de
los Derechos Humanos (CEDH)
solicitó al gobierno chiapaneco la adopción de medidas precautorias o
cautelares, para garantizar la salud, la integridad física y la vida del ex
gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, tras confirmar que mantendrá su
huelga de hambre en protesta por su arresto en el penal El Amate del municipio
de Cintalapa de Figueroa.
En un comunicado
emitido esta noche, el CEDH que encabeza Lorenzo López Méndez señaló que de
igual manera se instó a la secretaria de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana ( SS y PC) que establezca " medidas" a favor del ex
fiscal general del estado Mariano Francisco Herrán Salvatti -recluido tambien el penal El Amate- con la finalidad
de garantizar su salud, proveyéndole la atención médica especializada que
requiere"
El CEDH informó que personal del organismo entrevistó a
Salazar Mendiguchía, quien dijo que mantendrá la huelga de hambre.
En tanto, aseguró
que, respecto a Herrán Salvatti,
su hijo Alejandro Herrán Aguirre, "presentó a nombre de su progenitor la
solicitud tratamiento adecuado, especializado e integral, con motivo de las
diversas enfermedades crónico-degenerativas que, según dijo, padece".
El CEDH destacó los
principios básicos para el tratamiento de los reclusos, adoptados y proclamados
por la Asamblea General de la ONU, en
su resolución 45/111, del 14 de diciembre de 1990.
Especificó dicha
resolución establece en su artículo 5 que, "con excepción de las
limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del
encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y
las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
Asimismo, el principio
24 del conjunto de principios para la protección los sujetos a detención o
prisión, adoptado por la misma Asamblea General, en su resolución 43/173, del 9
de diciembre de 1988.
En ella se enmarca
que" que se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado
con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o
prisión",puntualizo el Consejo Estatal de Derechos Humanos.
Pablo Salazar enfrenta
cargos de peculado por 104 millones de pesos, ejercicio indebido del servicio
público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación
delictuosa.
En tanto, Herrán
Salvatti, detenido también durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero, es
acusado, entre otros, de peculado millonario, asociación de delictuosa y abuso
de autoridad.
crs