El ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, por agentes de la Procuraduría chiapaneca, quienes se trasladaron hasta ese lugar.

El subprocurador de Justicia de Quintana Roo, Juan Ignacio Hernández, dijo que el ex mandatario fue trasladado a Chiapas bajo lo establecido en un convenio de colaboración con el gobierno de ese estado.

Hernández indicó que la detención ocurrió a las 19:00 horas y que el gobierno de Quintana Roo fue previamente notificado mediante el oficio de colaboración que le fue girado por la Procuraduría de Justicia de Chiapas.

En conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, el procurador Raciel López Salazar dijo que al ex gobernador se le acusa de autogestionarse un bono sexenal de 104 millones de pesos y de los delitos de abuso de autoridad, peculado y asociación delictuosa.

Pesan sobre él otras seis demandas de grupos civiles de la región Costa de Chiapas, por supuesto incumplimiento de la reconstrucción, tras los efectos del huracán Stan en 2005.

Anoche, Salazar fue recluido en el penal de El Amate.

Caso “Stan”

El expediente Stan abrió una brecha irreconciliable entre el gobernador Juan Sabines Guerrero y su antecesor el aliancista Pablo Salazar.

Al ex mandatario (2000-2006) se le acusa de desviar parte de los 11 mil millones de pesos destinados para los trabajos de reconstrucción en 41 municipios de Chiapas, dañados por Stan.

En mayo, la Policía Ministerial aprehendió al ex presidente municipal de Bellavista, Marbel Gabriel Pérez, y a los ex síndicos de los municipios de Mapastepec, Leonides Cortés Lozano, y de Mazapa de Madero, Adonai Jesús González de la Cruz, acusados de peculado, ejercicio indebido del servicio público y asociación delictuosa.

También está procesada en el penal de El Amate, la ex titular del extinto Instituto de la Vivienda del estado, Socorro del Carmen Domínguez Aguilar. Los presuntos delitos de fraude y peculado en su contra ascienden a más de 3 millones de pesos.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó, en su momento, que las auditorías revelaron irregularidades en la administración del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales.

Precisó que inició 17 averiguaciones previas por diversos delitos relacionados con la reconstrucción, en las cuales se investigan a “directores de obras públicas, tesoreros, síndicos, alcaldes, supervisores de obras, titulares de dependencias y diversos funcionarios estatales de todos los niveles”.

Pablo Salazar dijo que los señalamientos en su contra forman parte de una venganza política del gobierno de Sabines Guerrero.

El pasado jueves, denunció en los medios de comunicación el allanamiento violento de sus oficinas en un fraccionamiento residencial de Tuxtla Gutiérrez. El ex mandatario presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal por los hechos de esa madrugada.

Precisó que la incursión del comando fue para llevarse los primeros 50 mil ejemplares del folleto La verdad sobre la reconstrucción. En la denuncia de hechos se detalla que esa madrugada los vigilantes del inmueble fueron sorprendidos por hombres cubiertos y armados con fusiles de alto poder.

“Los dos vigilantes escucharon ruidos de vehículos. Abrieron la puerta, uno de ellos topó con alguien vestido de negro. Los amagó con un arma, cuerno de chivo, inmovilizó a los guardias sobre el suelo con un arma. Fueron destruidos los teléfonos celulares de ambos y arrancado el interfon; los guardias alcanzaron a visualizar a dos personas más, ataviadas y armadas de igual forma, atrás del atacante.

“Un comando equipado con armas largas, vestidos de negro, sometió a la guardia que permanecía en el lugar y procedió a sustraer 50 paquetes con mil ejemplares cada uno, que se encontraban en el domicilio”, precisó.

El ex gobernador aliancista había dicho que denunciaría, si fuera necesario, “la cacería de brujas emprendida en su contra por Sabines”, en todas las instancias nacionales e internacionales.

Por estos hechos, la PGJE informó que inició a la averiguación previa 253/CAJ4D-T2/2011 por el delito de robo con violencia y pidió a Salazar que comparezca ante el Ministerio Público “para oficializar” la denuncia.