CHICAGO (Notimex y AP).— La Cámara Baja de Illinois aprobó ayer con 61 votos a favor y 53 en contra la ley Dream Act local, que ofrece a jóvenes indocumentados el acceso a una educación superior.

“El voto bipartidista en la Cámara de Representantes es verdaderamente histórico. Es una victoria para nuestro estado y un importante paso hacia un reconocimiento de las contribuciones de los inmigrantes”, dijo Lawrence Benito.

Horas antes de la aprobación de la ley, el director adjunto de la Coalición pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) organizó junto con jóvenes indocumentados, líderes comunitarios y religiosos, así como simpatizantes, una vigilia frente al Capitolio de Springfield, capital del estado, en apoyo a la iniciativa.

Luego del fracaso en el Congreso federal estadunidense de la Dream Act el año pasado, “este esfuerzo por lograr un Dream Act local muestra que Illinois no es sólo un estado amigable con el inmigrante, sino un líder nacional de un movimiento justo, humano y hacia situaciones prácticas en esta materia”, dijo.

La Dream Act pasará al escritorio del gobernador de Illinois, Pat Quinn, para su firma, lo que se espera ocurra a más tardar la próxima semana.

La ley SB2185 permite el acceso a las universidades de jóvenes indocumentados residentes en el estado, apoyados por un fondo de financiamiento privado. Además, permite la participación de los jóvenes y de sus familias en el fondo de ahorro de las universidades con ahorro personal.

Por otro lado, ayer la oficina del alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, solicitó a un juez que rechace las sanciones propuestas en una demanda contra agentes de su condado, acusados de perseguir a hispanos por su aspecto racial.

Los abogados de Arpaio solicitaron al juez federal Murray Snow que presente sus propias sanciones en lugar de aquellas que plantearon los abogados de la contraparte, los cuales sugirieron que la corte emita una orden que diga que la agencia basó sus redadas en sentimientos antihispanos.

Snow encontró méritos para sancionar a la corporación porque desechó y destruyó archivos de los agentes que habían efectuado revisiones a vehículos durante patrullajes, acción que la corporación policial local admitió.