Activistas de Arizona (sur de EU) expresaron hoy su "desilusión" por el fallo del Tribunal Supremo a favor de la ley estatal que sanciona, incluso con el cierre, a negocios que contraten a inmigrantes indocumentados, dictamen que fue aplaudido por la gobernadora Jan Brewer.

Con una votación de 5-3, el Supremo otorgó hoy su respaldo a la regulación al rechazar el argumento de que los estados no tienen el derecho de aplicar las leyes migratorias.

"Esta ley ha sido una pesadilla para muchas personas, entre ellos residentes legales y ciudadanos de este país, a los cuales se les ha negado de forma equivocada el derecho a trabajar", dijo Lydia Guzmán, representante de la organización Respect/Respeto en Arizona.

Para Guzmán, la decisión del máximo tribunal "abrirá" la puerta para más discriminación en el proceso de contratación. "Los empleadores tendrán miedo de contratar a un individuo porque estarán inseguros sobre la veracidad de los documentos que les sean presentados" , dijo.

Por su parte, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, calificó el fallo como "una victoria" para el estado.

"Con esta decisión, estoy más firme que nunca en que los estados tienen un papel complementario en aplicar las leyes federales de inmigración, a pesar de la oposición de la Administración" del presidente de EU, Barack Obama, dijo la mandataria republicana en un comunicado.

Brewer reconoció que la decisión de hoy no tiene nada que ver con la ley estatal SB1070, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados, aunque expresó su esperanza de que el Supremo aplique ese mismo principio si decide escuchar el caso.

La legislación, que entró en vigor en 2008, pero había quedado suspendida a espera del dictamen, obliga a los negocios a utilizar el programa federal E-verify para revisar el estatus migratorio de sus nuevos empleados.

Hasta la fecha, solamente el alguacil de Maricopa, Joe Arpaio, ha llevado a cabo redadas en contra de negocios en ese condado bajo dicha ley y ha detenido a docenas de trabajadores indocumentados que en su mayoría enfrentan cargos por robo de identidad o uso de documentos falsos.

"Estamos muy decepcionados con la decisión de hoy y creemos que no refleja lo que el Congreso intenta" , dijo Cecilia Wang, directora del proyecto nacional de inmigrantes de La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) .

Para Wang, el fallo del Supremo solamente aplica a la ley estatal de sanciones a empleadores y nada tiene que ver con la SB1070 o cualquier otra ley estatal sobre inmigración.

Brewer anunció a principios de este mes que solicitará a la Corte Suprema levantar las restricciones a secciones de la SB1070 impuestas por la juez Susan Bolton de la Corte Federal en Phoenix el pasado mes de julio, como la que autoriza a policías locales cuestionar el estatus de aquellos sospechosos de ser indocumentados.

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