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Vacío legal en INM causó corrupción: Calderón

Las irregularidades permiten vejaciones contra extranjeros y que sean los funcionarios del Instituto Nacional de Migración quienes abusen y sean cómplices de delincuentes, señala

VANGUARDIA. El presidente Felipe Calderón promulgó ayer la nueva Ley de Migración en Los Pinos . (Foto: ALMA RODRÍGUEZ EL UNIVERSAL )

Miércoles 25 de mayo de 2011 Jorge Ramos | El Universal04:10
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Al promulgar la Ley de Migración, el presidente Felipe Calderón admitió que las políticas migratorias funcionan mal en México, lo cual permite vejaciones contra los extranjeros en el país y que sean los propios funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) quienes abusen y sean cómplices de los delincuentes.

“Estamos convencidos de que las condiciones en las que se da actualmente la migración ponen a las personas en una grave situación de vulnerabilidad. Las ponen en condición de vejación y son objeto de abusos de toda índole”, dijo, convencido en revertir esta situación con la nueva legislación.

“Conocemos, también, cientos de historias desgarradoras de migrantes que han sido víctimas de autoridades corruptas, que nos dan muestra de que las cosas están simple y sencillamente funcionando mal y hay que corregirlas. Esta ley corrige lo que está funcionando mal y esperamos, desde luego, que este marco regulatorio nuevo nos permita hacerla funcionar bien”, afirmó.

El mandatario precisó que en muchas ocasiones mexicanos y extranjeros que entran sin documentos a México se ven obligados a actuar en la clandestinidad en sus recorridos, fundamentalmente hacia el norte, en su búsqueda de oportunidades en Estados Unidos.

“Eso los expone a situaciones que son sumamente riesgosas y, como hemos visto recientemente, algunas de ellas verdaderamente dramáticas. Todos tenemos muy presentes los dolorosos e indignantes acontecimientos que se han tenido en dos ocasiones en un mismo municipio de Tamaulipas y que reflejan el grado de maldad, de perversidad que ha alcanzado el crimen organizado, que abusa de la condición de ilegalidad que prevalecía en la ley anterior”, adujo.

Fustigó que funcionarios de migración vejen a personas y sean cómplices de criminales.

En este contexto, recordó la orden dada al secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, para un profundo proceso de evaluación y depuración en el Instituto Nacional de Migración “y le instruyo nuevamente a que acelere este proceso de manera clara y que informe sistemáticamente del avance de dicho proceso. Seguiremos adelante con las investigaciones y quien viole la ley será llevado ante la justicia”.

Destacó que se eliminan disposiciones que favorecían la arbitrariedad y ambigüedad y propiciaban la corrupción de servidores públicos, aparejado a la extorsión a los migrantes, y explicó que mientras Estados Unidos carezca de un marco legal que encauce de forma legalizada y ordenada el flujo de migrantes, éstos seguirán en riesgo de ser manejados por criminales inescrupulosos.

“El gobierno mexicano está haciendo lo que durante muchos años hemos pedido, por ejemplo, a Estados Unidos: descriminalizar la migración y atender de manera más sensata y más sensible la compleja realidad que vivimos (…) Al ordenar la migración, también estamos evitando, precisamente, los espacios de oportunidad que tiene el crimen organizado para lucrar con los migrantes”, expuso Calderón.

La nueva ley termina con los pretextos de la división de competencias y obliga a toda autoridad a colaborar en los esfuerzos de protección migratoria, dijo.

En el salón Adolfo López Materos de Los Pinos, Calderón firmó el decreto de expedición de la Ley de Migración y de cambios a las leyes General de Población, Contra la Delincuencia Organizada, de la Policía Federal, y de Asociaciones Religiosas, así como a los Códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales, que descriminalizan la migración.

Ante el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva; de líderes de organizaciones defensoras de migrantes; de los gobernadores de Tabasco y Chiapas, Andrés Granier y Juan Sabines, Calderón indicó que la ley obliga con claridad a la coordinación de los tres órdenes de gobierno para perseguir y prevenir los delitos contra los migrantes.

“Todas las autoridades que tengan bajo su mando algún tipo de fuerza pública o policial estamos obligadas a colaborar en los esfuerzos de protección migratoria. La división de competencias no será, no debe ser ya un pretexto para no atender delitos ofensivos y graves contra quienes migran, como son el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas, la violación y muchas otras”, indicó.

Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Cámara de Diputados, demandó que las instancias del Poder Ejecutivo federal responsables de aplicar las políticas en materia migratoria, “correspondan efectivamente al espíritu de esta ley” y añadió que “justo es decir que sobre la ineficacia y la corrupción deben prevalecer y erigirse los intereses de las instituciones de la nación”.

Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, dijo que es una ley de vanguardia.



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