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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 398 a favor, cuatro en contra y seis abstenciones la implementación de acciones colectivas que protegerán los derechos de los consumidores, de manera individual y colectiva, en materia económica, de servicios, financiera y ambiental.

La permisión de acciones colectivas se envió directamente al Ejecutivo para su publicación, toda vez que no se hicieron cambios a la minuta propuesta por el Senado de la República.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, presidente de la Comisión de Economía, explicó que la reforma permitirá que no todos tengan la obligación de ir a un juicio cuando haya un daño ocasionado a distintos individuos, pues tan sólo con que un grupo sea el que promueva y gane un proceso en el que denunciaban un daño al medio ambiente o al derecho del consumidor, dicha resolución automáticamente favorece a todos aquellos individuos afectados.

“Eso reducirá los costos de representación ante el Poder Judicial para poder proteger los derechos al consumidor”.

El presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño, recordó que en julio de 2010 la Cámara de Diputados reformó el artículo 17 constitucional, “que es el parteaguas de las acciones colectivas, derechos difusos, abstractos o derechos individuales homogéneos como se conocen”.

Cumplen con los tiempos

La reforma establecía un término de un año para expedir la ley reglamentaria correspondiente que se logró concretar el día de ayer.

Dijo que proceden las acciones difusas cuando haya daños al medio ambiente y equilibrio ecológico, se vulneren los derechos de los consumidores o derechos sujetos al régimen fiscal.

“La diferencia entre los derechos difusos y los derechos colectivos estriba en que en los derechos difusos la sentencia del juez es restitutoria; en los derechos colectivos, si no es dable la restitución del daño causado, se repara el daño. ¿Quiénes pueden ser los titulares de estos derechos? Las dependencias, las entidades federales y las asociaciones civiles no lucrativas”.

Al apoyar el dictamen, la diputada María Antonieta Pérez (PAN) consideró que de manera responsable el Congreso pone a disposición de los consumidores un instrumento jurídico que les permite defender sus derechos.

“Desafortunadamente no hemos podido o no hemos querido disminuir el impacto negativo en la economía familiar, individual y de la sociedad que propician los monopolios y las empresas dominantes, voraces la mayoría.

“Por lo menos hoy le estamos otorgando a los mexicanos un instrumento básico de defensa. No es una ley perfecta; sin embargo es perfectible”, dijo.

El diputado del Partido del Trabajo, Jaime Cárdenas, criticó el dictamen por limitarlo a las áreas económica, financiera y ambiental.

“No se permiten acciones colectivas por ejemplo en materia sindical o político-electoral; no se permiten acciones colectivas en materia de derecho a la educación, a la vivienda, a la salud. Es decir, casi los derechos sociales, los derechos económicos y culturales están fuera de las acciones colectivas que se plantean”, señaló.

Los diputados avalaron la propuesta enviada por el Senado de la República que aprueba un órgano especializado en atender las acciones colectivas antes o hasta 18 meses después del consumo de un bien o servicio o de la resolución de un juez.

Las entidades que podrán ejercer las acciones colectivas serán instancias como las procuradurías Federal del Consumidor, de Protección al Ambiente, de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Federal de Competencia.

La reforma prevé procedimientos civiles de competencia económica, de protección al consumidor, equilibrio ecológico y servicios financieros, cuyas resoluciones en favor de un ciudadano impactarán al resto de los que pudieran estar involucrados.