Por instrucciones de su esposo, Aarón M. -quien trabaja en Estados Unidos- Artemia J. viajó a San Luis Potosí así como a Tamaulipas en busca de sus hijos; lo único que encontró fueron amenazas y advertencias de que ya no se metiera ni investigara porque algo le podía pasar.

Recuerda que "en Ciudad Valles (San Luis Potosí), cuando le pedí al taxista que me llevara a donde salen los camiones con migrantes, me dijo que pa' qué me metía; ‘ahí está bien peligroso, doña... allá usté si quiere entrar, ¿qué no ve que está lleno hasta de zetas?"

Artemia es una de las 17 personas que acudió ante las autoridades judiciales del estado a presentar denuncia formal por la desaparición de sus familiares, ocurrida el 17 de marzo del año pasado.

Otro grupo de migrantes desapareció posteriormente, el 5 de abril del mismo año y ocho días después sucedió exactamente lo mismo con cuatro "paisanos" más, todos del municipio queretano de Arroyo Seco.

Por tales hechos, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en el estado abrió dos averiguaciones previas; la J/193/2010, iniciada el 28 de abril del 2010 ante el ministerio público radicado en Jalpan de Serra, y la 3B/603/2010 que se inició, en la ciudad de Querétaro, el 22 de junio, acumulándose a la primera por involucrar, ambas, el delito de desaparición de 44 personas.

Los denunciantes -familiares todos de los viajeros que intentaban ingresar sin documentos, a Estados Unidos- coinciden en referir que los "polleros" llevaban al menos 10 años dedicándose a esta actividad, además de que éstos tenían contacto con grupos delictivos a los que les pagaban para que los dejaran pasar la frontera.

Durante diciembre del año pasado y enero del presente, elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) acudieron a los domicilios de los familiares de los migrantes desaparecidos para recoger sus declaraciones.

Larga búsqueda

"Arturo Mayorga -uno de los polleros detenidos por la PGR- supo que fui a (Ciudad) Valles; por eso me vino a buscar. Me dijo que no me metiera en cosas que no debo, que él estaba haciendo todo por recuperarlos, que porque a uno lo podían matar por andar investigando", recuerda Artemia.

No obstante las amenazas, Artemia -de 42 años de edad y vecina de la comunidad de la Yerba Buena, en el municipio de Landa de Matamoros- le preguntó al "pollero" que por qué le decía eso. "¿A poco conoce a la gente de por allá abajo (de Ciudad Valles".

Fue cuando Arturo Mayorga le dijo que sí, que él conocía muy bien "cómo eran de peligrosos por allá, porque hasta zetas había".

Cada que iba a un lado o preguntaba a las personas, Artemia J. le informaba, vía telefónica, a su esposo, Aarón M. Éste le pidió, una y otra vez que no dejara de buscar a sus dos hijos y a su sobrino extraviados.

Y así, nada más con la bendición por teléfono que le mandó su esposo, se fue a Tamaulipas a buscarlos.

Hasta con los militares

Unos vecinos de Arturo Mayorga -quien tiene su domicilio en la comunidad de El Pemoche perteneciente a la delegación de Agua Zarca del municipio de Landa de Matamoros- le dijeron que unos militares que estaban en un reten rumbo a Tamaulipas la podían ayudar.

Y sí, ahí, en el reten que se encuentra en la colindancia con Tamaulipas, un soldado de nombre "Manuel" le dijo que si le daba 40 mil pesos él le ayudaba a recuperar a sus familiares. Sin embargo, a la semana siguiente que regresó, ya no estaba. El militar que estaba en su lugar le pidió la misma cantidad y le dijo casi lo mismo.

Artemia Jiménez también trató de llegar hasta el taller mecánico de Ciudad Valles, de donde salen los camiones de la compañía "Pirasol" que llevan a los migrantes a la frontera.

Y de nuevo, un taxista, se lo advirtió: "doña, no vaya ahí (al taller)... se acaban de perder cuatro muchachos y dicen que sus familiares entraron a buscarlos pero no les han dicho nada y hasta ahorita no aparecen".

La Procuraduría General de la República (PGR) abrió también averiguación previa, la denominada AP/PGR/QRO/SUBDEL-AMPFDC/995/2010/INC/AP/PGR/QRO/SJR-VII/258/2010 por la comisión de los delitos de violación a la Ley General de Población en su modalidad de tráfico de indocumentados y asociación delictuosa.

Presumiblemente son 6 los "polleros" involucrados, aún cuando hasta ahora hay cuatro detenidos: Bernardo González Jiménez, Esteban García Pérez, Arturo Mayorga Villeda y J. Abel Garay Martínez.