Cinco presidentes municipales de Tabasco interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra la licitación pública emitida por Petróleos Mexicanos (Pemex) para celebrar contratos integrales de explotación petrolera.

Acompañados de la senadora del PRD por Tabasco, Rosalinda López, la diputada Laura Itzel Castillo y la ex secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal, Claudia Sheinbaum, los alcaldes advirtieron que, de firmarse los contratos, las empresas trasnacionales se llevarían parte de la renta petrolera.

Los contratos, explicaron, vulneran el sistema recaudatorio de municipios con alta producción petrolera se otorgarán para realizar trabajos de explotación en los campos maduros de magallanes, Santuario y Carrizo del estado de Tabasco.

Claudia Sheinbaum sostuvo que la paraestatal pretende disfrazar los Contratos Integrales como servicios, cuando en realidad son contratos de riesgo que violan varias disposiciones constitucionales, en particular el artículo 27 de la Carta Magna, así como la Ley de Pemex y la Reglamentaria del Artículo 27 constitucional, reformadas en 2008.

Destacó que la propia Corte, al resolver la controversia constitucional que promovió la Cámara de Diputados para impugnar diversos reglamentos de estas leyes, estableció que los contratos de riesgo o aquellos que impliquen una participación de las empresas transnacionales en la renta petrolera, violan la constitución.

La Corte determinó que las fórmulas y esquemas de contratación utilizadas en los contratos deberán corresponder estrictamente a un contrato típico de la industria de servicios de exploración y producción, explicó Sheinbaum.

En su resolución, el máximo tribunal estableció que esas fórmulas, por ningún motivo deberán ser identificadas con contratos aceptados en la práctica internacional como modalidades de contratos de riesgo, de asociación o de participación de un porcentaje de las ventas en las que el contratista participe de la renta petrolera.

La ex funcionaria explicó que en la controversia se está solicitando a la Corte la suspensión del proceso de licitación, emitida el 1 de marzo pasado, hasta en tanto no se resuelva el fondo del asunto.

La controversia fue promovida por los presidentes municipales de Jalapa, Cunduacán, Jonuta, Paraíso y Tenosique.

La demanda señala como terceros interesados a todos los municipios del país, ya que, de celebrarse los contratos, se reduciría la renta petrolera y los recursos que reciben los ayuntamientos por otros conpcetos como excedentes petroleros o los del Fondo de Estabilización-Derecho sobre Hidrocarburos.