El Senado aprobó esta tarde en lo general la llamada Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas, enviada por el presidente Felipe Calderón.

El dictamen se aprobó con 83 votos, tres en contra, y cero abstenciones. Sin embargo, la asamblea se avocará a analizar una serie de artículos reservados por parte de las comisiones dictaminadoras.

El senador Ricardo Monreal, coordinador del PT, criticó en tribuna que el Ejecutivo haya emitido recientemente un decreto para dar recompensas a quienes ofrezcan información contra los delincuentes. Dijo que ameritaría un extrañamiento al Ejecutivo pero opinó que no hay condiciones para ello.

La reforma pretende la expedición de un ordenamiento que prevea y sancione las malas prácticas de servidores públicos y particulares en materia de contrataciones públicas.

En materia de sanciones la iniciativa plantea dos fundamentales: la multa y la inhabilitación. Dentro de este tema, se apunta que contar con sanciones eficaces y realmente disuasorias permitirá que en lo sucesivo ya no se presenten prácticas de corrupción.

La propuesta del Ejecutivo Federal fue recibida por la Cámara alta el pasado 3 de marzo, pero los senadores le hicieron cambios.

Tiene como otro de sus objetivos, disponer la responsabilidad y las sanciones a las que se harán acreedoras las personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, por las conductas irregulares previstas en la Ley en que incurran con motivo de su participación en las contrataciones públicas de carácter federal; así como las personas físicas y morales nacionales por su conducta irregular en transacciones comerciales internacionales.

"Con el propósito de no limitar el concepto de "contratación pública", se plantea una definición amplia que, en términos de lo referido en la iniciativa, permitirá encuadrar cualquier práctica de corrupción que menoscabe los recursos federales.

"Se plantea que sea la Secretaría de la Función Pública la autoridad competente para aplicar la Ley , para dictar las disposiciones administrativas necesarias para el adecuado cumplimiento de la misma y para interpretar sus disposiciones para efectos administrativos, en el ámbito de la Administración Pública Federal.

Asimismo, de acuerdo con la iniciativa, será competente para aplicar sanciones administrativas por las conductas irregulares previstas", dice el aparatado de "Contenido de la iniciativa".

La reforma propone establecer un procedimiento de investigación que permitiría a las autoridades competentes contar con las facultades indispensables para perseguir y sancionar, de manera efectiva, las conductas irregulares previstas.

cg