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Preparan sanciones en el IFE

La Contraloría General perfila sanciones, con el posible fincamiento de responsabilidades contra más de 20 funcionarios, tras confirmar irregularidades por unos 350 millones de pesos

CONTROL. El edificio en Acoxpa 436 es utilizado por personal del Instituto Federal Electoral como sede principal del Sistema Nacional de Verificación y Monitoreo en el Distrito Federal.. (Foto: Luis Cortés/EL UNIVERSAL )

Lunes 28 de marzo de 2011 José Gerardo Mejía | El Universal
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La Contraloría General del Instituto Federal Electoral (IFE) perfila sanciones, con el posible fincamiento de responsabilidades contra más de 20 funcionarios del organismo, tras confirmar irregularidades por unos 350 millones de pesos en el arrendamiento y compra posterior de un inmueble en 583% más de su costo.

De acuerdo con el informe de la contraloría, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, en 2009, una de las dos áreas del edificio ubicado en Acoxpa No 436, fue adquirida en 262.9 millones de pesos. Sin embargo, el órgano de fiscalización subraya que la escritura No 51617 de diciembre de 2007 consignó que las dos áreas del mismo edificio estaban valuadas en 45.1 millones de pesos.

El inmueble, primero rentado por el IFE, es utilizado como sede del sistema nacional de verificación en el DF, luego de las facultades otorgadas al organismo por la nueva reforma electoral de 2007-08 y con oficinas para otras actividades.

El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo comentó, en entrevista con EL UNIVERSAL, que ha dialogado con el contralor del IFE Gregorio Guerrero Pozas, por lo que cualquier observación es bienvenida, y “si él considera que las consecuencias de la auditoría pudieran tener algún señalamiento sobre mi gestión, estoy para poder atender y subsanarlo”.

“Tengo que hacer las cosas bien, en tiempo y forma, cumpliendo las reglas para que nuestras responsabilidades se ejecuten y no tengo ningún problema para atender esto.

“Las recomendaciones que él tenga que hacer (el contralor) serán bienvenidas y los ajustes que tengamos que hacer también; estoy convencido de que tomamos las decisiones que había que tomar, que se hicieron en un tiempo muy corto”, apuntó Jacobo.

El funcionario electoral dijo que “a veces tiene ganas de documentar” la instalación del equipo de monitoreo, el despliegue de personal y su infraestructura, como un estudio de caso, para consignar el trabajo institucional que comparó con la magnitud de elaborar el padrón con credencial con foto hace 20 años.

“Yo comparo el esfuerzo que se hizo en esta ocasión, con el de hace 20 años, por levantar un padrón electoral con credencial para votar con fotografía, de ese tamaño es el esfuerzo; Acoxpa solamente es una parte de esto”, apuntó.

Sobre las acciones para adquirir el inmueble rentado en 2008 y comprado en 2009, expuso: “Tuvimos que tomar decisiones. Había un acuerdo de la Junta General Ejecutiva que decía que para instalaciones arrendadas solamente se podían hacer inversiones no mayores a 550 mil pesos”.

“Había un acuerdo general del Consejo General del IFE, que facultaba a la Secretaría Ejecutiva a fin de realizar las inversiones y ejercicios que fueran necesarios para cumplir con nuestras obligaciones legales”, aseguró Jacobo.

El secretario ejecutivo confió que con base en el acuerdo del consejo general, las responsabilidades constitucionales y legales, además de las nuevas facultades otorgadas en la reforma electoral de 2007-08, no había más opciones que hacer todo lo necesario para cumplir con las obligaciones de ley.

“Ahí están todos los documentos y la inversión, ahí hay una auditoría como era lógico que sucediera, está en curso en la misma, el contralor general ha hecho algunos informes parciales sobre el avance de su auditoría, estamos esperando los resultados finales”, dijo.

Autoridades del IFE cuentan con un plazo de 30 días para responder, los cuales incluyen el resarcimiento de daños al erario aún sin cuantificar de manera definitiva, de acuerdo con el artículo 383 del Cofipe.

—En el último informe de la contraloría se subraya un sobreprecio en la compra, ¿en estas operaciones está relacionado Fernando Santos Madrigal, ex director ejecutivo de administración del IFE? —se le preguntó a Jacobo.

—Santos Madrigal es un funcionario con mucha experiencia en la materia. La separación de él no tiene que ver con esto, el trabajo en el IFE es bastante complejo e involucra muchas responsabilidades y a veces hay que cerrar algunos ciclos en la institución, fue su caso.

Recordó que hay una auditoría abierta en la que se fiscaliza la gestión de Santos y de otros funcionarios de la institución, por lo que aclaró que cuando el contralor cierre la auditoría se conocerán los resultados.

“Santos ha aportado pruebas como parte del procedimiento de cualquier funcionario que esté sujeto a esto; estoy seguro que él proporcionará los elementos para su defensa”, dijo.

El documento establece que en la compra no se valoró el hecho de que se trató de una propiedad en condominio, que tenía una antigüedad de más de 30 años y además, no se disminuyó el precio de la inversión de 41.5 millones de pesos, con IVA incluido, para la remodelación realizada en 2008.

En la transacción no se proporcionaron los recibos por el pago del servicio de agua, tampoco la constancia de no adeudo por consumo de energía eléctrica; no se evaluó la situación legal y administrativa de los pisos que se iban a adquirir, además de que hay un adeudo por impuesto predial de 4 millones de pesos que no fue cubierto por el dueño anterior.

“La constancia de uso de suelo es para cuatro niveles de construcción, de acuerdo con lo permitido en el tipo de zona; sin embargo, el inmueble consta de 10 niveles”, apunta el texto elaborado por el contralor Gregorio Guerrero Pozas.

De acuerdo con el artículo 384 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el contralor deberá presentar el informe ante el consejo general porque las responsabilidades podrían llegar hasta el secretario ejecutivo y al menos un director general, por lo que debe ser sometido a votación.

El contralor afirma que el IFE no ha realizado el trámite de inscripción de la escritura 55880 en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal ni en el Registro Público de la Propiedad Federal.

El documento destaca que el IFE obtuvo el servicio de avalúo por parte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, obteniendo un costo inferior al pagado y se estima que la institución que realizó dicho trabajo, “no fue la mejor opción”.

“El valuador consideró como parte del inmueble mil 388 metros cuadrados de construcción, que no se contemplan en la escritura, originando un incremento en el valor del mismo por un monto aproximado de 21.7 millones de pesos”, estableció el informe del contralor.

Además, la adquisición de parte de la planta baja, los pisos del uno al ocho así como el anexo que conforman la unidad privativa A del inmueble del organismo, no se programó en el presupuesto del ejercicio de 2009, por lo que no contó con la aprobación de la Cámara de Diputados.

“De la verificación al estudio y análisis de mercado realizado por el IFE para la compra de los pisos en condominio del inmueble de Acoxpa, no se desprenden elementos que se trató de una alternativa adecuada para la institución”, apunta el informe que comprende una auditoría realizada al periodo de julio a diciembre de 2010”, se apunta en el texto del contralor.

La contraloría establece que el dictamen final de procedencia emitido, “no consideró recursos presupuestales suficientes, estableció la adquisición mediante adjudicación directa, se desechó la modalidad del pago mediante arrendamiento financiero, no se consideró la situación legal y administrativa del inmueble y no se efectuó un análisis económico del costo de los pisos a adquirir en copropiedad”.

En el apartado de resultado relevantes, en cuanto a la adecuación de espacios del edificio de Acoxpa, se realizó una inversión de al menos 34.6 millones de pesos, cuando la suma autorizada era de 550 mil pesos.

Se otorgó un anticipo de 97% del total de la obra por 12.2 millones de pesos sin IVA en 2008, cuando el contratista presupuestó ejercer 830 mil pesos; la obra se suspendió sin motivación ni justificación y se amplió el plazo de ejecución en seis meses, “autorizando indebidamente conceptos extraordinarios por 3.2 millones de pesos.

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios (DRMS) formalizó un acta de reconocimiento de adeudos por 3.3 millones de pesos pagada en finiquito, la cual carece de validez jurídica, “dado que la ley ordena realizar un convenio modificatorio; asimismo, el poder notarial del servidor público sólo le otorgaba facultades hasta por 1.5 millones de pesos.

La contraloría destaca que se invirtieron 19.4 millones de pesos sin IVA en una obra que a la entrega del finiquito en agosto de 2009 y al cierre de la auditoría, en junio de 2010, no estaba concluida, por lo que fue indebida la recepción de la misma.

En el informe de Gregorio Ramírez se destaca que se han solventado dos observaciones y otras dos se encuentran parcialmente atendidas y en proceso de análisis para promover el fincamiento de responsabilidades y en su caso, serán turnadas a la subcontraloría de asuntos jurídicos.

El secretario Jacobo comentó que en Acoxpa, también está el área de prerrogativas y partidos políticos, el Centro Nacional de Comunicación (Cenacom), y el Centro de Verificación y Monitoreo (Cevem), además de fiscalización, “que como producto de la reforma —aclaró— se volvió una unidad que creció en facultades, atribuciones y número de personas”.



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