Buscó embajada evitar operativo
Darren Gil es el tercer miembro de la ATF en revelar detalles del plan encubierto. Confirmó que la operación 'Rápido y furioso' se ejecutó a espaldas del gobierno mexicano y que sus superiores le dieron la orden expresa de no informar a México sobre el programa fallidoTRÁFICO VIGILADO. Tras recibir la instrucción de no informar a las autoridades mexicanas sobre el paso deliberado de armas, Darren Gil, entonces jefe de la Oficina para el ATF en México,cuestionó a su superior: ‘¿Cuándo va a terminar este caso? ... En algún momento, estas armas van a terminar siendo usadas para matar a algún funcionario mexicano, a un policía o a militares y entonces, ¿qué vamos a hacer?’. (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )
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victor.solis@eluniversal.com.mx
En la embajada de Estados Unidos en México conocían desde 2010 sobre el desarrollo de la operación Rápido y furioso,
y la orden directa que recibieron desde Washington fue la de no
informar a las autoridades de nuestro país que se estaba tolerando el
paso de miles de armas.
Darren Gil, entonces jefe de la Oficina para el Control del
Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) en México y que despachaba desde
la sede diplomática de Paseo de la Reforma, aseguró a la cadena CBS que
fue su supervisor directo en Washington quien le hizo saber de una
operación que implicaba el tráfico vigilado de armamento.
La indicación que le dio fue la de no mencionar nada a sus homólogos
mexicanos, esto, pese a su manifiesta reticencia y a constantes
señalamientos sobre el peligro que esa estrategia representaba para los
oficiales de la ATF en México, así como para las mismas autoridades
nacionales.
Como oficial de mayor rango en las oficinas de la ATF en México, Gil
señala que su trabajo era aprobar cualquier operación de la agencia en
la que se involucrara a México y él nunca avaló la implementación de
Rápido y furioso.
Gil dijo a la CBS que detectó las primeras anomalías desde su oficina en
la embajada de México a principios de 2010, cuando los números de serie
de una gran cantidad de armas usadas en crímenes ligados con los
cárteles de la droga fueron rastreados hasta Phoenix, donde comenzó la
operación Rápido y Furioso.
Con esa evidencia en mano confrontó varias veces a su supervisor en
Washington. Algunas de sus conversaciones telefónicas con él, refirió,
terminaron en “gritos y regaños”.
Tras recibir la instrucción de no informar a las autoridades mexicanas
sobre el paso deliberado de armas, cuestionó a su superior: “¿Cuándo va a
terminar este caso? Los mexicanos se pondrán rabiosos cuando se enteren
de esto”.
“En algún momento, estas armas van a terminar siendo usadas para matar a
algún funcionario mexicano, a un policía o a militares y entonces, ¿qué
vamos a hacer?”.
Del otro lado del teléfono sólo había silencio, asegura.
Funcionarios mexicanos de primer nivel en seguridad han dicho que
ninguna dependencia nacional fue informada del plan, pese a que
documentos del propio Departamento de Justicia de EU señalan que la
Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con un representante
en la Oficina de la ATF en Phoenix, donde arrancó la operación .
En diciembre de 2010 Gil se retiró de la ATF, en parte por su negativa a
participar en la estrategia que permitió la entrada de unas dos mil
armas a México. Al igual que Gil, antes los agentes John Dodson y René
Jáquez denunciaron a la CBS las irregularidades.
El ex jefe de la agencia en México accedió a hablar con la cadena
estadounidense para dejar en claro que el plan fue aprobado desde los
más altos niveles en Washington.
Una visita, dos agendas
Sin señalar si más funcionarios dentro de la Embajada de Estados Unidos
sabían de la operación, Gil subrayó que su superior en Washington le
dijo que tanto el actual director general de la agencia, Kenneth Melson,
como otros funcionarios del más alto nivel del Departamento de Justicia
que comanda el fiscal general Eric Holder, ya estaban enterados.
Melson, junto con Lanny Breuer, asistente del fiscal general para la
División Criminal del Departamento de Justicia, realizaron durante la
segunda mitad de 2010 una visita a la ciudad de México en la que ambos
destacaron los alcances de Rápido y furioso ante personal de la ATF
comisionado en el país, según narró Gil.
Breuer dijo que se realizaba un “gran operativo” contra el tráfico de
armas que “estaba dando buenos resultados”. Melson, al ser cuestionado
por Gil y algunos miembros de su primer equipo sobre algunas armas que
estaban apareciendo en México, se limitó a decir “es un buen caso, aún
está en marcha y lo cerraremos tan pronto como podamos”.
Los dos funcionarios, cumpliendo con la otra parte de su agenda —la
visible para el lado mexicano— sostuvieron durante esa misma visita
reuniones con autoridades de procuración de justicia de primer nivel en
el país. El contenido de los encuentros contrastó en gran medida con el
primero con personal estadounidense en la oficina de la Embajada, según
se comprueba en cables de WikiLeaks, coberturas periodísticas de EL
UNIVERSAL y lo relatado por el ex agente Darren Gil a la CBS.
El despacho 09MEXICO28 82 filtrado por WikiLeaks da cuenta de una
reunión que sostuvo Lanny Breuer y representante del DOJ con el entonces
secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Jorge Tello Peón;
el ex subsecretario de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez; y la titular de
la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO),
Marisela Morales.
Breuer mostró una total aceptación a los pedidos de sus homólogos
mexicanos, que incluyeron un mayor intercambio de tecnología para
labores de inteligencia y capacitación directa de Estados Unidos a los
oficiales nacionales.
En otra reunión que esta casa editorial reporto a principios de octubre,
Breuer firmó con el procurador Arturo Chávez un memorando de
entendimiento mediante el cual se hizo entrega a México de 2.9 millones
de dólares en equipo para el combate al lavado de dinero.
Kenneth Melson, de la ATF, no se quedó atrás en el cumplimiento de su
doble agenda. Mientras se vanagloriaba ante sus agentes comisionados en
México del operativo Rápido y Furioso, suscribía a la vez un acuerdo con
la PGR para facilitarle a la administración del presidente Felipe
Calderón la tecnología del sistema E-Trace para rastrear las armas que
utiliza el crimen organizado.
Durante ese encuentro, Melson calificó como histórica la alianza con la
Procuraduría General de la República para el rastreo de armas en tiempo
real a través del sistema E-Trace, ya que “este acuerdo salvará
innumerables vidas y mandará a muchos traficantes a prisión”, pues
permitirá obtener pistas sobre estas redes que operan en ambos países y
establecer tendencias y patrones de tráfico de arsenales.
Paradójicamente, los funcionarios estadounidenses “apoyaban” a sus
iguales mexicanos con tecnología para rastrear las armas que ellos
mismos dejaban pasar a territorio nacional de manera ilegal.