Los secretarios de Seguridad de la zona centro del país acordaron fortalecer la coordinación para combatir delitos de orden patrimonial y aquellos de alto impacto, como el narcomenudeo y las extorsiones.

De manera particular, el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) del estado de México, David Garay Maldonado, dijo que las autoridades mexiquenses hacen lo posible por blindar sus límites territoriales para evitar el trasiego de droga.

Precisó que los cárteles de la droga operan de manera interestatal y por eso es necesario alcanzar acuerdos para menguar su actividad delictiva.

"No me gusta hablar de la operatividad (de los cárteles); lo que me interesa es atacar cualquier grupo de delincuencia sea o no de cártel, eso es lo que tenemos que atacar. Lo que se necesita es combatirlo de manera permanente y lograr la detención de los presuntos responsables", sostuvo Garay Maldonado.

En la 37 Reunión de Secretarios de Seguridad Pública de la región Centro-País, los titulares del Distrito Federal, estado de México, Tlaxcala, Guerrero y Morelos, así como la coordinación estatal de la Policía Federal en Morelos, convinieron en aplicar una estrategia de colaboración para inhibir delitos de bajo impacto como robo, asalto al transporte de pasajeros, a transeúntes, robo de vehículos y a casa habitación.

También discutieron medidas para prevenir el desarrollo de los delitos de orden federal como narcomenudeo y extorsión.

El secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Manuel Mondragón y Kalb, se negó a admitir la acción de los cárteles de la droga en la capital del país y precisó que lo único que han detectado son narcotiendas y narcomenudeo.

Dijo que sus actuaciones contra este fenómeno delictivo estriban en la participación ciudadana.

La SSP de Morelos informó que las conclusiones de este encuentro versaron en la realización de un proyecto de convenio de colaboración con la participación de las áreas especialistas en temas de intercambio y colaboración en tecnología de la información, planes de operaciones regionales, estructura jurídica de la prevención del delito y sobre experiencias en la instalación del Observatorio Ciudadano en las entidades federativas.

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