El sistema penitenciario estadunidense registra más de 60 mil violaciones sexuales al año, mientras el Departamento de Justicia propuso disminuir los estándares de vigilancia, denunció hoy un grupo activista.

“Tenemos preocupaciones porque la normatividad propuesta por el Departamento de Justicia debilitará lo que hemos defendido necesario por hacer”, dijo hoy el juez Reggie Walton, exdirector de la Comisión Nacional para la Eliminación de la Violación en las Prisiones.

La comisión fue establecida luego que el expresidente George W. Bush puso en vigor la ley para erradicar el asalto sexual en el sistema penitenciario estadunidense en 2003.

Walton indicó en rueda de prensa que la comisión presentó en 2009 un reporte al actual procurador general Eric Holder con recomendaciones.

Sin embargo Holder presentó en enero pasado su propuesta de cambios a la normatividad, relajando los estándares cuyos puntos centrales se contraponen a los de la comisión aduciendo razones económicas.

Walton elogió algunos puntos de la actual normatividad, pero denunció que incluya el permiso de cacheo a los reos por personal del sexo opuesto, práctica no permitida en la mayoría de las prisiones del país y no recomendada por expertos, solo en situaciones especiales.

Unos de los hallazgos de la comisión fue la alta incidencia en la participación de personal masculino de las prisiones en el asalto sexual de reos hombres, en tanto los reos de baja estatura, homosexuales, los más jóvenes y las mujeres son victimizadas con mayor frecuencia por otros presos.

El reporte de la comisión indica que las denuncias de violencia sexual no son tomadas en serio por el personal de las cárceles y las violaciones no son siempre reportadas a las autoridades apropiadas.

Walton subrayó que la comisión realizó estudios independientes, visitas de inspección a instalaciones penitenciarias y audiencias públicas para hace una evaluación del abuso sexual en las prisiones.

Añadió que la propuesta gubernamental pide excluir a las prisiones migratorias de la aplicación de la normatividad para evitar violaciones en esos centros.

Creemos que nuestro país los debería proteger (a los inmigrantes) mientras están ahí, nosotros incluimos a las prisiones migratorias en nuestras propuestas y el Departamento de Justicia no”, enfatizó el ahora activista independiente.

Walton apuntó también la relajación en los requerimientos para realizar auditorías en dichos centros, pues mientras la propuesta oficial permitiría que el sistema penitenciario se audite a sí mismo, la comisión habría recomendado que se realizarán auditorías externas independientes cada tres años.

El Departamento de Justicia ha defendido su propuesta exponiendo razones de presupuesto y ha manifestado que los elevados costos imposibilitan la implementación de las medidas sugeridas por la comisión.

“Es probable que el Departamento de Justicia malinterpretó algunos estándares, por ejemplo, asumir erróneamente que se requiere a todas las agencias instalar costosos sistemas de monitoreo por video”, remarcó Walton.

Por su parte Pat Nolan, exmiembro de la comisión, indicó que se estima que el sistema penitenciario estaría demandado por 100 millones de dólares por víctimas de violación, por lo que dichos recursos se deberían de aplicar en medidas preventivas.

Añadió que en los estados de California y Michigan ya se han puesto en práctica las recomendaciones de la comisión, aunque no hay información todavía de resultados positivos.

 

amj