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Crecen secuestro y “cobro de piso” en Guanajuato

Se disparan cifras de plagios; al menos una docena de puestos policiacos ha sido atacada. En 29 de los 46 municipios se han registrado ejecuciones

ESCALA VIOLENCIA. ESCALA VIOLENCIA. Autoridades han dado cuenta de la violencia creciente atribuida a la disputa territorial entre La Familia Michoacana y Los Zetas. (Foto: Archivo EL UNIVERSAL )

Miércoles 23 de marzo de 2011 Xóchitl Álvarez/Corresponsal | El Universal
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GUANAJUATO

La delincuencia organizada dispersó sus células por los 46 municipios de Guanajuato dejando huellas de sangre principalmente en 29 localidades en los últimos cuatro años, con un repunte en los delitos de alto impacto como el secuestro, que creció 900%.

Datos de la Procuraduría de Justicia muestran que en el actual sexenio gubernamental, 2009 ha sido el año más violento con 413 homicidios dolosos y 81 secuestros, contra nueve plagios que fueron investigados en 2006 y una cifra no divulgada de extorsiones a empresarios y comerciantes, que ventilan su temor pero no denuncian.

Dos procuradores de Justicia y tres secretarios de Seguridad Pública, de septiembre de 2006 a la fecha, han dado cuenta de la violencia creciente atribuida a la disputa territorial entre La Familia Michoacana y Los Zetas.

En medio de la guerra contra el narcotráfico, estos dos grupos delinearon la ruta del crimen por los cuatro puntos cardinales del estado en contiendas entre sí y con al menos 12 ataques a cuarteles policiacos (municipales, estatales y federales), a convoyes del Ejército e instalaciones de las procuradurías local y General de la República.

Con menor intensidad han logrado penetrar el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Línea, identificados en la región centro; del cártel del Milenio hay antecedentes en el sur del estado desde el sexenio pasado.

Un diagnóstico de la Secretaría de Seguridad Pública en febrero de 2007 reveló la incursión de pequeñas células del narcotráfico en el sur, zona limítrofe con Michoacán, y de ahí crecieron sus redes y abrieron rutas hacia el corredor industrial, rumbo al noroeste.

La expresión violenta de la delincuencia organizada, de la que no existía registro en los archivos policiales hasta 2006 abarca municipios con alta concentración poblacional y desarrollo industrial, no sólo primordiales para Guanajuato, sino para el país.

Celaya, León, Irapuato, Salamanca, San Francisco del Rincón, Silao, Guanajuato, Moroleón, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende se encuentran entre la treintena de puntos disputados por la delincuencia organizada.

Víctimas del “efecto cucaracha”

La condición geográfica por la vecindad con Michoacán favoreció el desplazamiento de La Familia hacia Guanajuato para infiltrarse en cuerpos policiacos, controlar el trasiego de la droga —distribución y venta— y el despliegue de tareas como el “cobro de derecho de piso”, extorsiones y secuestro. Estas entidades son sólo separadas por un puente peatonal, que divide a los municipios de Pénjamo y La Piedad.

La incursión del Ejército en acciones de patrullaje, la creación de bases mixtas, con militares y policías estatales, y los operativos interestatales no lograron mermar las acciones ni la expansión de las células criminales.

La repetición de escenas sanguinarias, ataques a cuarteles policiales, balaceras callejeras, ejecuciones, ajustes de cuentas, levantones masivos, secuestros y extorsiones han sido tan cotidianos que han reducido la capacidad de asombro de los guanajuatenses.

La secuencia de actos criminales, reflejados en los indicadores de la Procuraduría de Justicia del Estado, han transformado la imagen de Guanajuato de un estado tranquilo y pacífico a una entidad peligrosa, como recientemente lo ha catalogado el gobierno de Estados Unidos.

Guanajuato, cuna de la Independencia, patrimonio de la humanidad, sitio histórico-cultural, capital del calzado y de las fresas, tierra de las momias y cajetera, es señalado por el consulado estadounidense en Monterrey, Nuevo León, como riesgoso para el turismo.

Indicadores delictivos

De 2007 a 2010 ocurrieron más de mil 100 homicidios de alto impacto en Guanajuato, entre éstos, ejecuciones al estilo del narcotráfico y 164 secuestros fueron denunciados. El procurador Carlos Zamarripa Aguirre informó que el año pasado se desmantelaron 10 bandas dedicadas al secuestro y 113 sujetos fueron detenidos por ese delito; de éstos, 37 declararon al Ministerio Público pertenecer a Los Zetas, 43 a La Familia, mientras que el resto rechazó pertenecer a algún grupo delictivo.

La acción delictiva de estos grupos se ve reflejada en continuos enfrentamientos entre sí y con policías, ataques a balazos y con granadas a bases de seguridad, persecuciones, cuerpos tirados, decapitados, decomisos de arsenales, exhibición de mantas, hallazgos de narcofosas y narcolaboratorios. El saldo es de muerte, temor y pérdida de la tranquilidad en el estado.

Al gobierno le ha faltado anticiparse al fenómeno criminológico con un mayor énfasis en las labores de inteligencia y el diseño de políticas públicas más integradas, ha dicho en su momento el especialista en delincuencia organizada Luis Felipe Guerrero Agripino, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guanajuato.

La condición geográfica y conexiones carreteras con el resto del país, así como el desarrollo económico e industrial y la vecindad que tiene con Michoacán, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí, ha favorecido el desplazamiento de narcotraficantes a Guanajuato.

La crisis de violencia comenzó el 8 de enero de 2007 en Cuerámaro, con la ejecución de Ezequiel Valencia Valencia, presunto integrante del cártel del Milenio; en el primer trimestre de ese año hubo 16 ejecuciones en la entidad, contra nueve ocurridas en 2006.

El inicio del desafío del narco a la autoridad sucedió el 21 de marzo de 2008, con el ataque de sicarios al edificio de la Procuraduría de Justicia en el municipio en Jerécuaro, al sur del estado, seguido de una persecución-enfrentamiento en Acámbaro, con saldo de cinco muertos: dos policías ministeriales, una secretaria, un policía local y un tránsito estatal.

El mismo día dos elementos de la policía ministerial de Guanajuato fueron levantados en Michoacán y siguen desaparecidos. Entonces se atribuyó la presencia de narcotraficantes al “efecto cucachara” derivado de los operativos militares en Michoacán.

A la ola de violencia le siguió el diseño y ejecución de operativos de seguridad interestatales entre Michoacán y Guanajuato para disminuir la movilidad de los grupos delictivos. Sin embargo, siguieron las ejecuciones en los municipios sureños, que se manifestaron con mayor violencia.

 



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