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Abogados, académicos, especialistas en derecho y un diputado federal debatieron en un foro convocado por EL UNIVERSAL dos visiones opuestas sobre la reforma constitucional de noviembre de 2007 que prohíbe a particulares contratar espacios en radio y televisión para influir en las elecciones, que en la actualidad está en litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Una parte de los expositores dice que la reforma atenta contra la libertad de expresión, pues niega a los ciudadanos el acceso a los medios electrónicos y los obliga a recibir únicamente la información que quieran proporcionarles los partidos políticos.

El otro grupo asegura que el contenido de la reforma es estrictamente electoral, que no trastoca la libertad de expresión, garantizada en los artículo 6 y 7 de la Constitución, pues pretende regular el modelo de comunicación política para garantizar la equidad frente a los excesos del pasado.

En el grupo que considera la reforma como violatoria de la libertad de expresión participaron los abogados Fabián Aguinaco y Gonzalo Aguilar Zinser; el catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) José Roldán Xopa y Adolfo Arrioja, abogado del Consejo coordinador Empresarial (CEE).

Aguinaco y Aguilar Zinser son representantes legales de los 15 intelectuales que llevaron a la SCJN un amparo contra la reforma; José Roldán Xopa es uno de los demandantes y Adolfo Arrioja representa al CEE en otro de los juicios sobre el mismo tema que atrajo la Corte.

Por el grupo en favor del contenido de la reforma intervinieron el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Javier Corral Jurado; Mauricio Merino, catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) y Ricardo Becerra, analista y experto en el tema.

Fabián Aguinaco cuestionó la validez del proceso de reforma, y aseguró que para los firmantes de la demanda de amparo no se trata de un tema electoral, sino de derechos humanos, dentro de los que están la libertad de expresión, la de contratar espacios, la de igualdad y la de asociación.

“La libertad de expresión hoy debe verse desde la dimensión social, es decir, aquella libertad que tienen los 112 millones de ciudadanos en México para adquirir la información que ellos deseen, no las que les proporcionen obligatoriamente los partidos”, dijo.

El diputado Corral rechazó que la reforma atente contra la libertad de expresión, garantizada en los artículos 6 y 7 constitucionales, pues la reforma al artículo 41 lo que regula es la contratación de propaganda relacionada con la intención de motivar a alguien a que haga o deje de hacer algo con base en una crítica, un juicio o una denostación a un partido o candidato.

“Me parece que está a salvo la capacidad de todas las organizaciones o ciudadanos para ocupar los espacios que, libremente y que cada vez en mayor proporción en muchos ámbitos de la vida del país, se abren de manera gratuita, sin que los ciudadanos tengan que pagar para hacer prevalecer su punto de vista sobre tal o cual posición de plataforma o candidato”, aseveró.

Adolfo Arrioja recordó que una de las preocupaciones de los constituyentes de 1857 para proteger constitucionalmente a la libertad de expresión de cualquier forma de inquisición era cerrar el paso a cualquier tipo de censura, posibilidad que, en su opinión, está abriendo la reforma.

“Se le abre la puerta a la censura en los mensajes en radio y televisión de contenido político-electoral, que es donde debe manifestarse primero que nada la libertad de expresión, y después la censura se puede ir a los contenidos, a los artículos, a las entrevistas, a cualquier forma de expresión que tenga el ciudadano para manifestar sus oponiones en torno a los procesos electorales”, advirtió.

Mauricio Merino dijo que el contenido de la reforma es estrictamente electoral, y resultado de distintos excesos, en los que se pretendió que el poder del dinero y de los medios de comunicación, particularmente de las dos principales televisoras, determinaran el resultado de las elecciones.

“Es el resultado de una historia previa que había puesto en jaque la credibilidad y la legitimidad del régimen político en México... era necesario modificar el modelo de competencia electoral y el modelo de comunicación política asociado a este régimen”, dijo.

Roldán Xopa cuestionó que la reforma cancelara la posibilidad de los ciudadanos de participar con la compra de espacios en medios electrónicos durante procesos electorales, al tiempo que los partidos se dieron sus propias reglas en un ejercicio de autorregulación que pone en riesgo la construcción de la democracia.

“Estamos construyendo una democracia sin ciudadanos... en la medida en que los partidos políticos son los que deciden cosntitucionalmente van estableciendo un espacio de inmunidad al control”, señaló

Ricardo Becerra afirmó que el modelo de comunicación política delineado con la reforma es legítimo y necesario para garantizar la equidad en un país con alta concentración en la propiedad de los medios electrónicos, a diferencia de Estados Unidos, donde hay 130 canales de televisión.

“Si no existiera este hecho dramático radical de una concentración en pocas manos de la propiedad de los medios de comunicación, de la radio y la televisión, yo estaría absolutamente en contra de la reforma, pero estoy en México, donde 82% de los canales de televisión lo tienen dos familias y 84% de las estaciones de radio la tienen 12 grupos”, destacó.

Adolfo Arrioja reconoció que México tiene un Estado dominado por los medios de comunicación, pero aclaró que ese no es un problema que se pueda atribuir a los ciudadanos para restringir su derecho de influir en las elecciones, pues eso equivale a convertir a los procesos electorales en rehenes de los partidos políticos. “El espacio aéreo nacional es un bien del dominio público de la Federación, que está bajo el control directo del Estado y que simple y sencillamente se concesiona a los particulares. Si el estado ha seguido una política torcida de concesionarle a un duopolio la televisión o a 12 grupos la radio es una responsabilidad del Estado”, destacó.

Corral reconoció que la reforma no afecta la composición estructural de los medios electrónicos en la actualidad, pero sí regula una de las relaciones más discrecionales, que ha generado la falta de equidad en los procesos electorales: las tarifas diferenciadas, que pueden fijarse a costos inferiores o superiores a las comerciales o, incluso, ni siquiera ser permitidas.

“Estamos hablando del asunto fundamental que la reforma ha querido combatir: el que empresas de radio y televisión, adicional a su enorme concentración, puedan influir sobre un proceso que debe tener una base de mayor equidad”, añadió.

Gonzalo Aguilar Zinser cuestionó la decisión del Congreso, que en lugar de establecer una regulación más eficaz en materia de tarifas y accesibilidad a medios electrónicos, canceló las posibilidades de participación ciudadana, a través del único medio posible en radio y tv: la compra de espacios.

“Lo que hizo el Congreso es extinguir por completo ese derecho para quitarse un problema supuesto entre tarifas, accesibilidad, equidad y demás términos en los que supuso que había una violación. Simple y llanamente lo que hizo fue extinguir por completo la posibilidad de que el particular pudiera acceder a los medios masivos”, dijo.