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Advierten sobre pérdida de credibilidad de IEEG

El Tribunal Electoral de Guanajuato calificó de ilegal la medida cautelar emitida por el Instituto Electoral estatal que impedía promoverse a aspirantes panistas a la gubernatura
León, Gto. | Lunes 21 de marzo de 2011 Xóchitl Álvarez / corresponsal | El Universal23:21
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El ex secretario de gobierno, Gerardo Mosqueda, uno de los seis panistas beneficiados con la revocación de la medida cautelar que impedía a los aspirantes a la gubernatura promoverse, advirtió sobre la pérdida de credibilidad del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (CGIEEG) por incurrir en la ilegalidad, como lo estableció el Tribunal estatal Electoral.

"Es de humanos equivocarse, si el Instituto considera que cometió un exceso o que incurrió como lo he dicho en una sobre interpretación de una jurisprudencia, eso tiene remedio de una manera muy simple, reconocer los cauces para recuperar esa probidad y esa autoridad moral", acotó.

Los cinco consejeros, tres de estos abogados, agregó, tendrán suficiente tiempo para recapacitar sobre la resolución del tribunal y asumir que el conducto para hacer valer su autoridad es trabajar en las reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato.

El jueves pasado, el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG) calificó de ilegal y revocó la resolución dictada por el CGIEE a los panistas en el procedimiento sumario 1/2011-PS por carecer de una adecuada motivación y fundamentación y no cumplir con los requisitos legales.

El 2 de febrero, el CGIEEG emitió medidas preventivas a los panistas José Ángel Córdova Villalobos, Miguel Márquez, Ricardo Sheffield Padilla (alcalde de León); Luis Alberto Villarreal García (senador); Javier Usabiaga Arroyo (diputado federal) y al ex secretario de gobierno, Gerardo Mosqueda Martínez, para que se abstuvieran de hacer proselitismo y al PAN estatal le impuso la vigilancia de esos militantes para evitar actos anticipados de precampaña y en su caso emplear acciones correctivas.

Gerardo Mosqueda señaló que el Instituto Electoral deberá analizar los términos del fallo del tribunal local, aunque sigue pendiente la resolución del Tribunal Electoral sobre la violación a los derechos políticos en que pudo haber incurrido el CGEEG.

De entrada la revocación de las medidas cautelares son "un beneficio a la armonía y actuación libre de los ciudadanos", pero queda el vacío de la ley, aunque pueda haber entusiasmo de los "llamados adelantados", por eso hay que trabajar en reformas estructurales al Código electoral y abrir un debatir ciudadano para tal efecto.

DESVÍO

El ex secretario de gobierno sostuvo que deben regularse las precampañas en Guanajuato reformando el Código electoral, sin desestimar que el Ministerio Público puede investigar a los panistas y priístas en cargos públicos que buscan la gubernatura del estado y que utilizan los tiempos y recursos públicos para ese proyecto.

Sin dar nombres hizo alusión a los argumentos del secretario de Salud federal, José Ángel Córdova y del secretario de Desarrollo Social del estado, Miguel Márquez, dos de sus principales adversarios, quienes han dicho que utilizan sus días de descanso, sus ratos libres y el tiempo de su familia, en reuniones públicas y privadas con panistas -para su promoción-. Dijo que los políticos no pueden seguir con verdades a medias.

Tanto los legisladores o secretarios de estado tienen la envestidura todo el tiempo por el que se le paga, no tienen un horario porque no se trata de una chamba, entonces cuando acuden a comidas, reuniones partidistas o corridas de toros conservan ese cargo y gastan tiempo profesional en esos lugares y en su organización, explicó.

Mosqueda señaló que el CGIEEG no tiene las atribuciones para actuar sobre los funcionarios del ejecutivo estatal o federal, pero lo puede hacer el Ministerio Público por medio de una denuncia que puede presentar el Instituto electoral o cualquier otra persona y por sí mismas pueden intervenir la Secretaria de la Gestión Pública de Guanajuato o la Secretaría de la Función Pública en el ámbito federal.

spb



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