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SCJN debate sobre vía para exigir derecho social

Los ministros debaten acerca de si los derechos garantizados en la Constitución son exigibles por medio de un amparo y si cualquier ciudadano puede reclamarlos
Ciudad de México | Martes 15 de marzo de 2011 María de la Luz González | El Universal16:16
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este martes un debate acerca de si los derechos garantizados en la Constitución, como la salud, la educación, la vivienda o el medio ambiente sano, son exigibles por medio de un amparo y si cualquier ciudadano puede reclamarlos.

El debate se generó durante la revisión del amparo interpuesto por un particular en contra de la regulación de la publicidad del tabaco y sus productos, contenida en la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT).

El demandante, Jorge Francisco Balderas Woolrich, considera que dichas disposiciones omiten proteger de manera eficaz a las personas de la epidemia del tabaquismo al autorizar la promoción y publicidad del tabaco y sus productos, que fomentan el consumo de una sustancia adictiva y letal de la cual no existen dosis seguras.

Argumenta que esas disposiciones no cumplen los parámetros el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, suscrito por el Estado mexicano, además de violar otros tratados internacionales en materia de protección a los derechos de los niños y de las mujeres.

El punto de la discusión que dividió a los ministros fue el de si el demandante tiene o no interés jurídico para hacer este reclamo y si puede hacerlo mediante un amparo, pues uno de los requisitos del juicio de garantías es que el quejoso sufra una afectación directa en su esfera de derechos.

El proyecto, presentado por el ministro José Ramón Cossío y apoyado por los ministros Arturo Zaldívar, Olga Sánchez cordero y Sergio Valls, propone actualizar el concepto de interés jurídico frente a los derechos sociales.

Cossío destacó que estos derechos adquirieron una nueva configuración a partir de la década de los setenta, con la reforma al artículo 4º constitucional, que introdujo los derechos al medio ambiente, la vivienda, la cultura y el propio derecho a la salud.

"La pregunta es ¿cómo se enfrenta el juicio de amparo con estos derechos sociales?, cuestionó, y afirmó que debe hacerse a través del concepto de interés jurídico.

"Aquí por supuesto la Corte tiene que dar un paso, que no deja de ser un paso complejo. Tiene que imaginar cuál es la extensión, la medida del derecho a la salud, para después entender si este sujeto resultó o no perjudicado en ese derecho a la salud, del que es titular", detalló.

"No creo que se requiera ninguna representación especial para hacer valer el amparo en este tipo de asuntos, no estamos siquiera ampliando el concepto de interés jurídico, estamos simplemente haciendo exigible un derecho prestacional", dijo en su intervención Arturo Zaldívar.

En la misma línea de argumentación, la ministra Olga Sánchez sostuvo que los derechos tutelados por la Constitución "son derechos perfectamente exigibles y no pueden ser exigibles en otra forma que no sea a través de un juicio de amparo", pues los particulares no pueden recurrir ni a la controversia constitucional ni a la acción de inconstitucionalidad.

Para los ministros Salvador Aguirre Anguiano, Luis María Aguilar Jorge Mario Pardo y Guillermo Ortiz Mayagoitia el demandante no tiene interés jurídico, sino un simple interés como ciudadano, pues si bien la Constitución garantiza el derecho a la salud, las normas que impugna el quejoso no inciden de manera directa en su derecho a la salud.

"El quejoso ni siquiera demuestra que sea consumidor de los productos del tabaco, ni siquiera lo señala, ni que trabaje en la industria tabacalera o en alguna otra industria donde debiera darse esa publicidad", manifestó Aguilar.

Ortiz Mayagoitia reconoció lo vanguardista de la propuesta planteada en el proyecto, pero se declaró a favor del contenido del artículo 4º. de la Ley de Amparo, el cual establece que este juicio solo puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, tratado, reglamento o acto reclamado.

"He estado meditando en el tema, en este propuesto avance que nos hace el proyecto, y de verdad me quedo con los criterios tradicionales, de que la promoción del amparo exige la existencia de un agravio personal y directo en quien lo promueve", dijo.

La discusión sobre el tema continuará en la sesión del próximo miércoles

 

 



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