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La Cámara de Diputados aprobó reformas para eliminar la posibilidad de que las personas acusadas de secuestro salgan libres bajo fianza, obligándolas a enfrentar el proceso judicial en prisión preventiva.

Además, precisa que aquellos plagiarios que hayan liberado o coadyuvado a liberar a su víctima, y cuando ésta presente alguna lesión, recibirán entre nueve y 16 años de cárcel. Sin embargo, al salir de prisión se les colocará un dispositivo electrónico de localización durante cinco años.

Ante el pleno, juristas de la talla de Jaime Cárdenas Gracia (PT), Humberto Benítez Treviño (PRI) y Arturo Santana (PRD) comentaron que, en efecto, se trata de una medida de excepción muy dura, pero en proporción al daño que causa el delito de privación ilegal de la libertad, y que se aplica al enemigo común del Estado y de la sociedad.

Se trata de adiciones a la Ley Antisecuestro, la cual entrará en vigor tan pronto la publique el Ejecutivo federal. Obtuvo 350 votos a favor, cinco abstenciones y cuatro en contra.

El Congreso introdujo ajustes de técnica legislativa en la Ley Antisecuestro, con lo que quitó un vicio de inconstitucionalidad e imprecisiones.

Se especificó en la norma que un acusado de secuestro pasará el proceso en prisión preventiva, y que la pena será de cárcel, sin opción a interpretaciones y sin dejar vacíos.

En casos graves habrá penas de nueve a 16 años de prisión, y al delincuente se le colocará un dispositivo de localización y vigilancia. El Congreso informó que ese monitoreo lo realizará “la autoridad policial hasta por cinco años posteriores a su liberación”.

Voces en contra

Jaime Cárdenas (PT) alertó que la medida inaugura en México “el derecho penal del enemigo”, que es de un Estado policiaco que no rehabilita a los infractores, los excluye del tejido social, los elimina y destruye su dignidad.

Arturo Santana Alfaro, al fijar la posición del PRD, dijo en tribuna que el grillete para secuestradores es una pena que corresponde a quien causa un daño como la privación ilegal de la libertad. Ejercer una sanción como esa, dijo, “es una de las principales demandas de la sociedad hoy por hoy”.

Frente a lo dicho por Cárdenas, Santana comentó: “En la bancada del PRD consideramos que se trata de castigar un delito gravísimo, que está lacerando el bienestar y la seguridad, así como la paz social de todos los mexicanos.

“Por tanto, los procesados y los sentenciados por la comisión de este delito deben ser claramente vigilados”, dijo el legislador perredista y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, al pedir al pleno el voto en favor.

Humberto Benítez, presidente de la Comisión de Justicia, afirmó: “Sí estamos estableciendo los cimientos de un Estado (de) excepción para enfrentar al enemigo de los ciudadanos, a las bandas de la delincuencia organizada”.