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Pide TRIFE facultad para sancionar a funcionarios

La presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, demandó al Congreso de la Unión 'un catálogo de sanciones' para los funcionarios que cometan delitos electorales; actualmente, dijo, sólo se detienen las conductas, se sanciona a los partidos y a los candidatos, pero no a los servidores públicos

CLARIDAD. María del Carmen Alanís, presidenta del TEPJF, advierte que ante el aumento de la “guerra sucia” en las campañas, el TEPJF no puede ser censor y que sólo tutela el ejercicio de la libre expresión, pero sin que se denigre a nadie. (Foto: LUIS CORTÉS )

CIUDAD DE MÉXICO | Jueves 24 de febrero de 2011 José Gerardo Mejía | El Universal
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En caso de que en los comicios presidenciales de 2012 haya un resultado cerrado como hace casi cinco años, el recuento voto por voto será la vía para definir en septiembre de ese año al vencedor de la contienda de manera inapelable, afirma María del Carmen Alanís, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En entrevista con EL UNIVERSAL, la magistrada califica como “desafortunado” que aún no exista un catálogo de sanciones a servidores públicos que violen la Constitución, incluido el Ejecutivo federal, y considera viable que el Poder Legislativo realice adecuaciones a la ley electoral en esta materia, así como en lo relativo a las causales de nulidad de los comicios, para lo cual tendría como límite hasta junio.

Y ante el incremento de la guerra sucia en las campañas electorales, advierte que el Tribunal Electoral no puede ser censor de nadie y que únicamente tutela el ejercicio de la libertad de expresión dentro de la Constitución, sin que evidentemente, se haga “denigrando a las instituciones, calumniando a las personas, es ahí donde debe de haber un alto”.

¿Qué propone para la reforma electoral de los comicios de este año y de 2012?

Hace falta un catálogo de sanciones a servidores públicos que incumplan con el artículo 134 constitucional en materia electoral; porque pudiera haber sanciones en el ámbito penal y en el de responsabilidad administrativa, pero en lo electoral no lo hay. O porque incumplan con la legislación electoral. No se puede sancionar a servidores públicos. Sólo se detienen las conductas, se sanciona a los partidos y a los candidatos.

Sobre justicia electoral...

Ya se prevé expresamente la posibilidad del Tribunal de revisar la validez de la elección presidencial o declarar la nulidad en dichos comicios, pero tenemos métodos más cuantitativos, por el número de nulidad de votación en casilla o las casillas que no se hayan instalado. Quizá pudiera el Legislativo revisar algunas de las causales de nulidades que van más concentradas a las casillas.

¿Esto podría regular el papel del Ejecutivo en elecciones? En 2006 el Tribunal resolvió que el presidente Vicente Fox afectó la equidad de los comicios presidenciales...

Este Tribunal ya ha resuelto confirmar las faltas que el IFE decretó para gobernadores, diputados y alcaldes. Se da vista a los congresos, auditorías y contralorías competentes. Pero no se puede aplicar una multa, una inhabilitación o un apercibimiento o una amonestación pública. [...] Ahora, si todas o algunas de estas faltas llevan al terreno del estudio de la validez de la elección, se debe ponderar el grado o la gravedad de esa conducta en la afectación del proceso electoral. Si una falta es suficiente para anular todo el proceso electoral o si nos quedamos en el terreno exclusivo de la conducta y de la sanción.

Esta falta de sanciones al 134 constitucional, ¿puede generar un marco de impunidad?

Si hay desvío de recursos públicos, [puede haber] juicio político. Aunque estuviera prevista la sanción electoral, nosotros no podríamos conocer de una falta penal o administrativa distinta a la electoral.

Entonces, no hay impunidad en ese terreno, nada más sería detener la conducta y declarar la responsabilidad correspondiente.

¿Consideraría que es viable esto todavía para la elección de 2012?

Tenemos los tiempos acotados, el sistema de reformas en materia electoral prevé que no puedan hacerse modificaciones sustanciales un año antes de las elecciones. Son 90 días antes de que inicie el proceso electoral que empieza en octubre de 2011 y junio es el mes límite para estas reformas. Creo que sí hay esa posibilidad, no requiere más que la modificación de un artículo del Cofipe, en donde están previstas las sanciones a los infractores de la norma.

¿Qué riesgo vería usted en caso de que no haya cambio legislativo?

Ninguno, no veo ningún riesgo. Tenemos una de las legislaciones más avanzadas a nivel mundial, las herramientas, las instituciones electorales para actuar completamente en tiempo y con lo que tenemos podemos ir a los procesos electorales.

¿Cómo puede darse el conteo de voto por voto luego de la reforma del 2007-08?

Establece que cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar en el distrito sea menor a 1%, cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre el primero y el segundo lugar, así como muestras de alteración a los paquetes e inexistencias de actas. Si la duda está en cómo se contaron los votos por los ciudadanos que integraron las mesas directivas de casilla, se vuelve a hacer este escrutinio y cómputo de las boletas delante de todos los partidos políticos y se da transparencia al proceso de los resultados en las casillas.

En caso de darse este escenario, ¿cuándo va a levantar la mano el Tribunal Electoral al ganador de los comicios presidenciales?

En septiembre. Hay una fecha dispuesta en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación en el código en la materia. Entonces, los cómputos de los distritos empiezan el miércoles siguiente de la elección. Posteriormente, se presentan las impugnaciones en el mismo julio y el Tribunal tendría el mes de agosto y unos días de septiembre para hacer el cómputo final y la declaración de validez.

¿Qué tanto pueden influir los actores políticos para que esto se alargue y se alargue y veamos nuevamente tomado Reforma?

La elección de 2006 fue muy controvertida, mucho, pero se resolvió, la palabra final la tuvo el Tribunal Electoral; habrá quien esté de acuerdo y habrá quien esté en desacuerdo, pero se dio la transición del poder en la fecha prevista en la Constitución y lo que valió fue una decisión de un Tribunal Electoral. Entonces, tenemos la obligación de impartir justicia en tiempo y de resolver a tiempo.

¿Y las presiones? ¿Qué tanto influye en usted una llamada telefónica?

En nada, absolutamente en nada. Nosotros hemos optado por tener alegatos y abrir los alegatos de las partes y los interesados que quieran venir a platicar con los magistrados en la Sala Superior y en las Salas Regionales los asuntos que estamos resolviendo. Se publican en la agenda que tenemos colocada en internet, es decir, todos los actores y los interesados saben a quién recibimos y cuándo en este Tribunal.

No cedemos a presión política de nadie. Habrá quien diga que el Tribunal resuelve bajo presión; resolvemos bajo presión política en términos de que hay interés de los actores políticos porque el asunto sea resuelto en su favor, pero nosotros únicamente resolvemos conforme a derecho.

¿Qué propone para que no aumenten las guerras de lodo en las campañas políticas?

El Tribunal no puede ser censor de nadie, lo que debe tutelar es que este ejercicio de la libertad de expresión se haga en un marco en donde se respete la Constitución. Si se hace denigrando a las instituciones, calumniando a las personas, es ahí donde debe de haber un alto, pero no podemos estar constriñendo el ejercicio de la libertad de expresión, inclusive cuandoes un debate duro, cuando es crítico si no hay una violación a todos estos principios.

¿Considera que es necesario transparentar, dar mayor transparencia a los más de 3 mil millones de pesos asignados a partidos políticos?

Efectivamente, nuestro sistema electoral optó por privilegiar los recursos públicos para el apoyo de las actividades ordinarias y de campaña de los partidos, es un sistema en donde el financiamiento privado es menor al financiamiento público, entonces tiene que haber una rendición de cuentas muy clara.

El Instituto Federal Electoral (IFE) tiene herramientas amplísimas para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Queremos elecciones limpias, queremos campañas limpias, saber de dónde provienen los recursos y hacia dónde van, yo creo que esto es fundamental, es muy importante que se realice. Se ha avanzado mucho, mucho.



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