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Arizona presenta iniciativa “peor” que la SB1070

La iniciativa, redactada en 29 páginas, propone eliminar todo servicio público a inmigrantes indocumentados y plantea una pena obligatoria de 30 días de cárcel a quien sea sorprendido conduciendo un automóvil, además del decomiso del vehículo

PHOENIX. Los senadores Richard Miranda y Steve Gallardo se oponen a proyecto de ley contra los indocumentados.. (Foto: AP )

Miércoles 23 de febrero de 2011 El Universal
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PHOENIX (Agencias).— Una amplia y sorpresiva iniciativa de ley presentada en el Senado de Arizona pretende despojar de servicios y derechos claves a los indocumentados, incluso negarles el acceso a escuelas y colegios públicos.

La propuesta SB1611, introducida el lunes por el propio presidente del Senado, el republicano Russell Pearce, fue calificada ayer por políticos demócratas y organizaciones hispanas como una medida “peor” que la controversial SB1070, aprobada el año pasado, tras ser promovida por el mismo legislador.

La iniciativa, redactada en 29 páginas, propone eliminar todo servicio público a inmigrantes indocumentados y plantea una pena obligatoria de 30 días de cárcel a quien sea sorprendido conduciendo un automóvil, además del decomiso del vehículo.

Sugiere reforzar los requisitos que los patrones deben seguir para verificar que sus trabajadores estén autorizados a laborar en forma legal y establece que si un inmigrante usa documentos falsos afrontaría hasta seis meses de cárcel.

“La propuesta de ley de Pearce es muy mala y mucho peor que la SB1070”, dijo en entrevista telefónica con Notimex el senador estatal demócrata Steve Gallardo. “Las iniciativa va contra los niños; esta es la primera vez que se busca atacar a los niños negándoles el acceso a las escuelas públicas”, apuntó el senador demócrata. “Pearce está yendo aquí demasiado lejos”, dijo.

La SB1611 requeriría que escuelas públicas de Arizona recaben información sobre el estatus de residencia legal de los alumnos y denuncien los casos en que sus padres no presenten los documentos necesarios o tengan identificaciones falsas. Además, obligaría a las oficinas públicas de Arizona a verificar el estatus migratorio de quienes renten casas o apartamentos, a la vez que endurece los controles e impide que indocumentados puedan recibir beneficios.

Varias de las previsiones contempladas en la SB1611 “van en contra de la leyes federales de Estados Unidos y son claramente anticonstitucionales”, advirtió el legislador.

En otro contexto, ayer un jurado de Tucson condenó a la pena de muerte a Shawna Forde, de 43 años, que fue miembro de una disuelta organización que formaba parte de los Minuteman, por su participación en la muerte de Raúl Flores, de 29 años, y su hija Brisenia, en un hecho ocurrido en mayo de 2009 en Arivaca, cerca de la frontera con México.

Forde será la tercera mujer ejecutada en el estado. La fiscalía dijo que Forde reclutó a dos hombres para robar a Flores, pues necesitaba dinero para su organización Minuteman American Defense.



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